MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
Las posibles citaciones que puedan derivarse de la reciente imputación del BBVA por contratar al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para realizar presuntos servicios de espionaje no tendrán lugar hasta después del verano, una vez que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya estudiado, al menos, toda la documentación remitida por el banco.
Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de las actuaciones, la investigación sobre la supuesta contratación de Cenyt, entramado societario del ex comisario, por parte de la entidad financiera, entonces presidida por Francisco González, es muy compleja, lo que supondrá que todas las decisiones lleven tiempo en adoptarse.
Una de ellas sería comenzar a citar a declarar a investigados, que podrían ser directivos de la 'cúpula' presidida por Francisco González, para dilucidar los detalles de estos presuntos negocios irregulares por los que el banco habría pagado unos de 10 millones de euros, así como tratar de averiguar si los programas de 'compliance' --conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones-- detectaron la posible comisión de un delito.
COHECHO, REVELACIÓN DE SECRETOS Y CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS
El juez instructor acordó este lunes imputar como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionado con una operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitase su imputación en la novena pieza del caso 'Tándem'.
Las fuentes consultadas indican que para que el magistrado comience a escuchar a posibles implicados en el caso, primero debe esperar a que la entidad financiera designe a un representante ante la Audiencia Nacional, pues tiene de plazo hasta mediados de agosto, y escuchar a esta persona.
A todo ello, se suma el estudio en profundidad de la documentación requerida al banco. Tras todo ello, será cuando el juez García Castellón decida llamar a declarar a los altos cargos del BBVA que participaron presuntamente en la contratación, que, en un principio, se descarta que sean los actuales máximos responsables, según precisan las mismas fuentes.
El BBVA ha sido imputado con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, que permite trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas, rechazando así, por el momento, la posibilidad de que pueda personarse en la causa como perjudicado.
SEGUIMIENTOS, PAGOS ILÍCITOS Y DÁDIVAS
Según Anticorrupción, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, "de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron "múltiples" vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.
La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.
Asimismo, destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.
NOVENA PIEZA DEL CASO TÁNDEM
Esta pieza de la causa Tándem, la número 9 --que se encuentra bajo secreto de sumario-- es muy compleja y ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.
La parte más conocida es la denominada 'operación Trampa', el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.
Según varias informaciones periodísticas, el excomisario facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.
Tras difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación interna para esclarecer los hechos.