Economía.- (AMP) Un exdirigente de Caixa Catalunya justifica subir sueldos a una dirección "potente" ante la crisis

El exvicepresidente segundo de Caixa Catalunya Antonio Llardén, que fue consejero de 2004 a 2010, ha declarado como acusado en el juicio por los sueldos presuntamente desproporcionados de la entidad y ha justificado la subida salarial a directivos para mantener una dirección "potente" que afrontara la crisis económica y la fusión con Caixa Manresa y Caixa Tarragona.

Al declarar este miércoles en la Sección 8 de la Audiencia de Barcelona, ha dicho que la decisión del consejo de administración del 19 de enero de 2010 --única decisión por la que él está acusado-- que subió al salario fijo y variable del exdirector Adolf Todó del 35 al 50% y al exdirector adjunto Jaume Massana del 35 al 45% fue "razonada y no arbitraria".

Ha detallado que se hizo en base a un informe de la consultora Hay Group que se usó como "un informe de referencia de reconocido prestigio que dejaba muy claro el análisis": fijaba la mediana de la retribución a la alta dirección del sector financiero (bancos y cajas) en 800.000 euros para 2010, y en base a estas cifras se determinó subir paulatinamente los sueldos de los directivos de Caixa Catalunya.

Llardén, actual presidente ejecutivo de Enagás, ha precisado que, si el informe de Hay Group hubiera fijado otro criterio salarial para el equipo directivo, se hubiera seguido: "No estábamos emitiendo una opinión personal".

Al preguntarle el fiscal Fernando Maldonado por qué se subieron sueldos en un contexto complicado para la entidad, cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) estaba a punto de aportar 1.250 millones de euros, ha respondido que precisamente se hizo para "mantener al timón un equipo directivo potente" que pudiera afrontar la fusión y la crisis económica.

El exconsejero, que también formaba parte de la comisión de retribuciones, ha contestado al fiscal que la principal idea del consejo de administración de la entidad en 2010 era salir de "una situación difícil", al encontrarse en medio de una crisis económica terrible para todos, no solo para Caixa Catalunya, y que preveía poder retornar al Frob el préstamo de 1.250 millones, aunque finalmente no fue así.

"SENTIDO COMÚN"

"Tomamos las medidas de sentido común de intentar mantener al frente de la nave" al mejor equipo directivo, ya que Todó era, en sus palabras, un ejecutivo fuerte que trajo consigo a la dirección de la caja a un equipo muy potente.

Llardén ha recordado que en los años que fue consejero se hacía una auditoría anual y nunca hubo ninguna salvedad, ni siquiera en las retribuciones: "El 'alfa y omega' de un consejero es la auditoría, y en todos los años que estuve en la caja no recuerdo ni una sola salvedad del auditor".

Ha indicado que, según les informó el Banco de España, estaba al corriente de los salarios y los controlaba --"Creo que se hizo"--, y ha añadido que los estatutos no obligaban a hacerlo pero había conversaciones continuas y un contacto permanente.

Al preguntársele si el exdirector Adolf Todó votó en el consejo del 19 de enero de 2010 a favor del aumento de su sueldo --Todó lo negó en su declaración, contrariamente a lo que dijo durante la instrucción del caso--, Llardén ha dicho: "Recuerdo perfectamente que se ausentó, no me acuerdo si votó".

OTROS CONSEJEROS ACUSADOS

Joan Manel Pla, consejero de la entidad de 2004 a 2010, ha explicado, en la línea de Llardén, que decidieron aprobar las subidas salariales ante "el riesgo de continuidad" del equipo directivo si consideraba que su sueldo no era adecuado a la mediana del sector, tal como preveía su contrato.

Pla, que fue secretario del consejo de administración pero no formó parte de la comisión de retribuciones, ha indicado que la decisión le pareció "muy razonable" ante la situación económica complicada que debía afrontar el equipo directivo.

En este sentido, ha recordado que el expresidente de la entidad Narcís Serra expresó que había que mantener a los directivos "motivados ante la carga de trabajo, presión y responsabilidad".

En la misma línea, el exconsejero Josep Burgaya ha precisado que no se trató de una subida de sueldo sino del cumplimiento de un compromiso anterior en el contrato de los directivos, y ha opinado que los sueldos "eran homologables al sector por la banda baja", y los consideró adecuados.

"Si hubiera pensado que esto ponía en peligro a la entidad, hubiera dimitido del consejo de administración", ha asegurado, y ha añadido que hubiera retirado sus ahorros.

Jordi Bertran, exconsejero escogido como representante de la Diputación de Barcelona, ha asegurado que el mensaje que siempre se les dio era que la entidad era "sólida, no vulnerable" y que el Expediente de regulación de empleo (ERE) era una condición de la fusión impuesta por el Frob.

Asimismo, ha expresado que en todo momento tuvo "la sensación de que el Banco de España estaba al corriente de todo y nunca se opuso" a la política salarial.

A preguntas de su abogado, Bertran ha defendido que obró "con la consciencia de defender los intereses de la entidad" ya que su objetivo era asegurar su viabilidad.