Pérez-Dolset estudia acciones legales contra Alcolea por falso testimonio e incide en que las revisiones se debieron a un cambio de criterio

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El que fue subdirector General de Fomento de La Sociedad de la Información y vocal asesor de la Secretaría de Estado en el Ministerio de Industria que comandaba José Manuel Soria, Antonio Alcolea, ha reconocido este lunes en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que el nivel de incumplimiento de las ayudas y subvenciones públicas a algunos proyectos del Grupo Zed Wordlwide era inaudito en términos de volumen económico y advirtió de ello a sus superiores, según han informado en fuentes jurídicas a Europa Press.

Alcolea ha comparecido ante el juez Manuel García Castellón en el marco de la investigación de la 'operación Hanta', que investiga entre otros asuntos relacionados con el grupo empresarial, las subvenciones y ayudas públicas que recibió desde el Ministerio de Industria a partir del año 2010 y que motivaron una inspección ante las sospechas de que las mercantiles beneficiadas de aquellas partidas y créditos blandos no estaban cumpliendo los criterios establecidos cuando les fueron concedidos.

Fuentes de la defensa de Pérez-Dolset han afirmado tras la declaración de este lunes que contemplan emprender acciones legales contra Alcolea por falso testimonio. Inciden en que fueron decenas las empresas afectadas por revisiones como las que afectaron exclusivamente a cuatro de los 25 de sus proyectos debido a un cambio de criterio sobrevenido en el Ministerio de Industria tras una drástica reducción presupuestaria en I+D+i.

Durante el interrogatorio y según las fuentes consultadas, Alcolea a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los principales investigados, ha detallado el contenido de un informe que elaboró en 2017 y revisaba todas las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria al Grupo Zed desde 2010, un trabajo técnico que encontró cuatro proyectos sobre 25 en los que se habían incumplido los objetivos para los que recibieron la ayuda pública, en algunos casos, hasta en el 95%.

No habría sido algo excepcional de ZED Worldwide pues ha reconocido que encontró incumplimientos de en torno al 75% de media en otros grupos de empresas, pero ha reconocido no haberse topado nunca con un caso similar en cuantía económica, cosa que desde la defensa de Pérez-Dolset insisten en que es falsa.

LA DEFENSA CUESTIONA LA VERACIDAD DEL INFORME

Estas fuentes ponen en duda la veracidad de aquel informe dado que, según sostienen, se basó en el análisis de miles de páginas de información sobre ayudas y subvenciones a lo largo de los años y sin embargo, fue elaborado en una sola jornada y constaba de 40 páginas.

Por otra parte, Alcolea ha incidido en que sus superiores, que entonces eran el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y los miembros de su gabinete, fueron informados de la situación, no pusieron obstáculos para investigar las ayudas a ZED y de hecho, autorizaron que se contratase a un servicio externo para revisar los contratos. Tampoco pusieron objeción a la judicialización de algunos expedientes con procedimientos de reintegro por vía Contencioso-Administrativa.

Este lunes estaba también citada a declarar como investigada Nuria García, pareja del ex CEO del grupo Zed, Javier Pérez-Dolset, en relación al desvío de 900.000 euros del grupo empresarial en 2014 que tras pasar por una mercantil de la que ella es administradora única y que es propiedad de una sociedad panameña, fueron invertidos en la compra de un restaurante (La venta El Tito) y tres fincas en Tarifa (Cádiz).

DE ZED A UN RESTAURANTE EN TARIFA

Durante el interrogatorio, en el que García sólo ha respondido a preguntas del juez y su defensa, García ha negado tener nada que ver con el movimiento de los fondos, cuestión que atribuye a su marido, y ha afirmado que su papel era gestionar el funcionamiento del negocio hostelero.

Un informe de la UDEF al que ha tenido acceso Europa Press, sitúa a García como administradora única de la sociedad Blue Kite 25, mercantil que habría utilizado Pérez-Dolset, su actual pareja sentimental, para "detraer" de ZED Worldwide "en su propio interés" un total de 900.000 euros que acabaron invertidos en tres fincas y un restaurante ('Venta El Tito') en Tarifa (Cádiz) en 2014.

En concreto, los investigadores apuntan que Pérez-Dolset ordenó una transferencia por esta cuantía desde una cuenta de ZED Worldwide utilizando como pretexto una supuesta deuda con una empresa belga, Crescenda, que si bien era dirigida por un tercero, estaba en realidad bajo su control.

El informe explica en esta línea que Crescenda "es en realidad una sociedad controlada o dirigida por Javier Pérez-Dolset y Daniel Arteaga, director del departamento legal de Grupo Zed", tesis que avalarían los correos electrónicos intervenidos en los que el supuesto CEO de la mercantil recibe instrucciones y recuerda que se le adeudan honorarios por sus gestiones.

LA SOCIEDAD PANAMEÑA

Al día siguiente de recibir los 900.000 euros desde una cuenta de ZED, que en aquel momento ya se encontraba en una situación financiera comprometida, Crescenda los transfirió a Blue Kite 25. La sociedad había sido constituida diez días antes con una "persona de confianza de la familia Pérez-Dolset" como administrador único, Ángel Ignacio Rivas, de acuerdo al informe.

Se da la circunstancia de que ya después de la transferencia, Blue Kite fue comprada por una sociedad panameña (Panareal) a sus fundadores por 3.000 euros. La sociedad, según el certificado de titularidad que los agentes encontraron en uno de los registros, tiene como dueño del 100% de las acciones a Javier Pérez-Dolset.

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