El encargado de gestionar las redes sociales de Forcadell dice que escribía sus mensajes por "iniciativa propia" y en ocasiones sin consultar

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El tribunal que juzga el 'procés' independentista en Cataluña ha comenzado a escuchar este miércoles a los últimos testigos propuestos por las defensas, entre ellos a un director general de la Consejería de Trabajo de la Generalitat que ha desvinculado la huelga del 3 de octubre de 2017 con el referéndum ilegal celebrado dos días antes, sino que fue convocada para protestar contra la reforma laboral de 2012 que impulsó el PP.

Así lo ha dicho en el Tribunal Supremo Enric Vinaixa, a preguntas del abogado de la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa, que se enfrenta a 16 años de prisión. El testigo ha explicado que la convocatoria la hicieron cuatro sindicatos y que la Generalitat lo único que puede hacer es autorizarla y "gestionar los servicios mínimos".

En este sentido, ha indicado que este paro fue similar a otras anteriores y que se aplicaron los servicios mínimos establecidos por los sindicatos, empresas y patronales, denominados "acuerdos en frío". "Se aplicaron por respeto al consenso", ha añadido.

Preguntado sobre los motivos por los que se llamó a hacer huelga, el director general ha destacado que entre las alegaciones de los sindicatos se citaba, "con mayor o menor intensidad", la protesta contra la reforma laboral de 2012. Posteriormente, el fiscal Jaime Moreno ha insistido sobre este aspecto, pero Vinaixa ha reiterado que la "denuncia de derechos laborales se repite varias veces".

Asimismo, ha señalado que el departamento de Bassa publicó la convocatoria de huelga en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, así como la aplicación de servicios mínimos, siguiendo lo fijado por el Decreto ley sobre relaciones de trabajo.

Anteriormente ha comparecido la jefa de servicios de programación y dinamización de actividades de la misma Consejería, Rosa María Sans, que ha enfatizado que es "habitual" que las entidades "sin ánimo de lucro" realicen actividades en centros públicos y cívicos durante los fines de semana, incluso "fuera de horario".

DESALOJAR LOS COLEGIOS "A LAS SEIS DE LA MAÑANA"

Sans ha negado al tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena que ella o alguno de sus compañeros recibieran algunas instrucción para ceder locales públicos para posibilitar la celebración del 1-O. Al contrario, ha subrayado que advirtieron a las entidades que solicitaron una decena de centros cívicos ese fin de semana que "a las seis de la mañana" del día 1 de octubre debían "desalojar" los espacios, siguiendo el requerimiento de Mossos d'Esquadra, aunque ha admitido que después conocieron que alguno de ellos sí que fueron utilizados para la votación.

Asimismo, la testigo ha recordado que ante la falta de información sobre cuáles eran los colegios electorales que se iban habilitar para el referéndum y por la carta enviada por Dolors Bassa en la que comunicaba que avocaba las competencias para el 1-O, muchos responsables de centros llamaron a la Consejería "nerviosos". No obstante, ha recalcado que ella conoció el contenido del de la exconsejera por la prensa.

Por otro lado, también han declarado como testigos en esta sesión de la mañana del juicio contra 12 líderes independentistas Jordi Martínez Soler, ex asesor del Gabinete de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Ha explicado que él era el encargado de gestionar las redes sociales de esta acusada, con quien "a veces, en función del contexto del día" consensuaba el contenido publicado.

LOS TUITS DE FORCADELL

Preguntado concretamente por los mensajes difundidos en Twitter el 20 de septiembre de 2017, en relación a la concentración ante la Consejería de Economía de la Generalitat, y el día del referéndum ilegal, ha indicado que los escribió él por "iniciativa" propia.

Sobre el primero, el relativo al 20-S, el fiscal Jaime Moreno le ha preguntado sobre el motivo por el que Forcadell a las 9.00 horas animó a la gente a concentrarse, si ella no acudió hasta la tarde, pero el testigo le ha corregido indicando que se publicó sobre las 18.00 horas, una vez que se marchó de la Consejería, y que la hora reflejada en el informe de la Guardia Civil, que recoge dicho tuit, es un "error". En cuanto al mensaje lanzado el 1-O, ha hecho hincapié que el fin era agradecer a los ciudadanos que fueran "a votar" y en ningún momento por "incumplir una orden judicial", como ha sugerido el fiscal.

El representante del Ministerio Público ha continuado inquiriendo sobre si en algún momento la expresidenta de la cámara autonómica le pidió que retirase algún mensaje o que hiciese alguna condena por el destrozo de los vehículos del Instituto Armado, si bien el testigo ha contestado que "no" a estas preguntas.

Esta parte del interrogatorio ha sido interrumpido en varias ocasiones por Olga Arderiu, abogada de Forcadell, al entender que el fiscal se estaba "extralimitando" en sus preguntas, ya que ella, que ha sido quien ha propuesto a este testigo, no le ha pedido ninguna explicación sobre redes sociales. Sin embargo, el presidente del tribunal le ha explicado que considera "pertinentes" las cuestiones del Ministerio Público porque la comparecencia de Martínez Soler se justifica en su "proximidad" con la expresidenta del Parlament y él mismo ha introducido cual era su labor profesional.

EL PRESIDENTE DE LA ANC TIENE FUNCIÓN "REPRESENTATIVA"

La defensa de Forcadell también ha solicitado el testimonio de quien fuera miembro del secretariado nacional de la Asamblea Nacional Catalana hasta 2015, Ricard Gené, quien ha enfatizado que la función del presidente de la entidad es meramente "representativa". "Su voto tiene el mismo valor que el mío", ha subrayado.

Asimismo, ha afirmado que la ANC no tienen ninguna "relación orgánica ni de dependencia" con formaciones políticas y que para "salvaguardar su independencia"ningún miembro del Secretariado nacional puede ostentar un cargo político.

En esta línea, ha agregado que la asamblea tiene una hoja de ruta, que es consensuada y aprobada por todas las delegaciones territoriales y por la directiva, pero que nada tiene que ver con el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, que plantea los distintos escenarios a tener en cuenta en el proceso para conseguir la independencia.

Por último ha declarado Ángel Cortadelles, director de Servicios de la Consejería de Justicia hasta octubre de 2018, que ha sido convocado por la defensa del exconsejero Carles Mundó para desmontar la acusación por malversación de caudales públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

MUNDÓ NO TENÍA COMPETENCIAS DE CONTRATACIÓN

Coradelles ha afirmado que Mundó tenía las competencias de contratación delegadas en el secretario general del departamento en el director de servicios --cargo que ocupaba el testigo-- y que recibió instrucciones directas de no realizar ningún gasto que estuviera relacionado con el referéndum.

Así preguntado sobre el acuerdo de gobierno de principios de septiembre por el que se comprometían a sufragar los gastos de la votación, el testigo ha dicho que lo conoció posteriormente "de manera informal". Aún así, le ha restado importancia porque nadie le comunicó que debía aplicarse. De hecho, ha apuntado que él mismo "recopiló la información" que solicitaban las autoridades judiciales y que en no encontró nada vinculado con el 1-O.

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