MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha declarado a la magistrada María Victoria Rosell Aguilar, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, en la situación administrativa de excedencia voluntaria para que pueda presentarse como candidata a las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Según informa el órgano de gobierno de los jueces, en caso de no resultar elegida en los comicios, Rosell tendría 30 días naturales después de que se proclamen los candidatos electos para decidir si continúa de excedencia voluntaria o reingresa en el servicio activo.

Esta decisión se hace pública después de que la propia Rosell anunciase en su perfil de Twitter que se presentará como 'número uno' de la lista de Unidas Podemos por Las Palmas al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 28 de abril.

La jueza anunciaba así su vuelta a la política después de haber renunciado a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso en el año 2016 tras ser denunciada por el exministro de Industria José Manuel Soria ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación y cohecho en una causa que finalmente, fue archivada.

LA DENUNCIA DEL JUEZ ALBA

Además, en junio de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordó no admitir a trámite una querella contra ella presentada por el juez Salvador Alba, que la reemplazó en el juzgado cuando se incorporó como diputada a Podemos, y que la había denunciado por falsedad en documento público, prevaricación y cohecho.

Este juez fue expedientado por el CGPJ en relación a sus denuncias contra Rosell. En 2016, la Comisión Disciplinaria acordó la incoación de un procedimiento contra él por dos faltas graves y una muy grave al entender que habría desarrollado una "investigación indebida" contra la exdiputada.

Por otra parte, la misma Comisión Disciplinaria investigó a Rosell ante la posible comisión de una falta grave por haber colgado en su perfil de Twitter una fotografía de un atestado policial, conducta para la que Fiscalía y el promotor de la acción disciplinaria solicitaban un mes de suspensión. El procedimiento se archivó porque no concurrían los elementos necesarios para considerarlo una falta de las previstas en la Ley del Poder Judicial.

Rosell siguió por tanto en el juzgado número 8 y a finales del año pasado, su nombre sonó para vocal del Consejo General del Poder Judicial como parte de la lista de Jueces para la Democracia, aunque la negociación se frustró y no llegó a renovarse el órgano de gobierno de los jueces. Ahora, vuelve a la política y de nuevo, con Unidas Podemos.

"En el año 2015 los poderes corruptos me tendieron una trampa mafiosa que un juez y un ministro fabricaron --denuncia este jueves Rosell en un vídeo en redes sociales-- Dimití y les planté cara. Hoy el juez está pendiente de juicio por cinco delitos y el ministro sigue haciendo sus negocios, pero al menos no en coche oficial".

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