España es el país europeo que menos apoya una posible obligatoriedad por parte de la Unión Europea de que los analistas y gestores inviertan el dinero de los fondos de inversión y pensiones con criterios éticos o sostenibles. Sólo los profesionales de los Países Bajos se han mostrado a favor.
Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por CFA Institute entre los profesionales de la inversión de la UE, titulado 'Finanzas Sostenibles y su Integración en el Análisis de Inversiones'. La mayoría de analistas y gestores está utilizando ya los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en su proceso de inversión. Sin embargo, existe una gran preocupación sobre si el regulador debe imponer legalmente estos factores o cualquier otro con carácter sostenible.
El 85% de los encuestados afirma que es apropiado que los inversores institucionales tomen en cuenta los factores ASG en sus inversiones. No obstante, sólo una minoría se muestra a favor de un reglamento que los regule.
Un 60% estima que cualquier mandato para considerar estos factores sostenibles durante el análisis no debería traducirse en la obligación para el gestor o el cliente de tener una política de inversión socialmente responsable. Mientras, el 35% está a favor de una regulación voluntaria y únicamente el 24% apoyaría la obligatoriedad.
Los financieros de los Países Bajos son los únicos en opinar a favor (con un 57%) de que la aplicación de los factores éticos deba integrarse formalmente al deber legal y fiduciario del gestor de inversiones, mientras que en España dan el menor apoyo (34%).
Preguntados por si debería existir, al menos, un reglamento que regule los factores ASG, en Luxemburgo son los más opuestos a la idea (78%), seguidos del Reino Unido (71%) y Alemania (69%).
PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA UNA ECONOMÍA MÁS SOSTENIBLE
Según la Comisión Europea, se necesitan alrededor de 180.000 millones de euros de inversiones adicionales al año para alcanzar los objetivos de la UE para 2030 acordados en París, entre ellos una reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La propia Comisión presentó en marzo su Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles, que forma parte de los esfuerzos de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) por “conectar las finanzas con las necesidades específicas de la economía europea en beneficio del planeta y de nuestra sociedad”.
Entre sus principales puntos, destacan crear etiquetas de la UE para los productos financieros ‘verdes’ (que cumplen los criterios ecológicos o de bajas emisiones de carbono) o clarificar la obligación de los gestores de activos y los inversores institucionales de tener en cuenta la sostenibilidad en el proceso de inversión y reforzar los requisitos en materia de divulgación de información.
¿DE MIFID II A LA GREEN MIFID?
Este Plan de Acción podría traducirse en la conocida como ‘Green MiFID’. En mayo, la Comisión publicó una propuesta de modificación de MiFID II para obligar a las entidades a incorporar criterios ASG al analizar la idoneidad de los productos de inversión e informar a los clientes sobre tales criterios.
Esta modificación se articula a través de una actualización del reglamento delegado (UE) 2017/565, sobre el funcionamiento de las empresas de servicios de inversión. Al tratarse de un reglamento, se evita la necesidad de trasposición en los distintos Estados miembros. El borrador otorga un plazo de 18 meses desde su entrada en vigor para la adaptación de los procedimientos de las entidades, lo que supone que, en la práctica, las nuevas obligaciones podrían comenzar a aplicarse a partir de 2020, según distintos despachos de abogados especializados en financiero.
