La desescalada del confinamiento que empieza el 4 de mayo permitirá a las empresas y sectores profesionales recuperar paulatinamente la actividad, aunque con fuertes restricciones y medidas de seguridad que no garantizan el funcionamiento a plena capacidad. Por este motivo, el tejido productivo presiona al Gobierno para que amplíe los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor a los que muchas compañías y negocios se han acogido durante los dos últimos meses. El Ministerio de Trabajo ha publicado una guía este viernes en la que da algunas pistas sobre los criterios que se deben aplicar en la vuelta a la “nueva normalidad”.
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Así, en un documento oficial de la Dirección General de Trabajo, indica que se pueden mantener las condiciones especiales en el empleo durante las ocho semanas durante las que se prevé que se reinicie la economía tras el parón por la pandemia. Eso sí, invita a las empresas a “facilitar el tránsito hacia las reducciones de jornada, que suponen un menor impacto económico sobre la persona trabajadora y permitirán atender a la paulatinamente creciente oferta y demanda de productos y servicios de las empresas”. Por este motivo, explica que “será posible alterar la medida suspensiva inicialmente planteada”.
En definitiva, recoge el texto que “las empresas que estuviesen aplicando las medidas de suspensión o reducción de jornada pueden renunciar a las mismas, de manera total o parcial, respecto de parte o la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva según vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor”.
El criterio dice que la definición concreta de las causas objetivas que integran la fuerza mayor por coronavirus, recogida en el Real Decreto Ley, por el que se estableció el estado de alarma, responden a una causa "externa y perentoria cuyos efectos y ámbitos concretos son decididos en cada momento por las autoridades competentes por razones de salud pública". Esto, según Trabajo, tiene como consecuencia que las distintas medidas puedan ser aplicadas con una intensidad y graduación paulatina y diferenciada.
Así, esta definición ajustada de un escenario de crisis, "no solo permite, sino que hace aconsejable, que las suspensiones o reducciones que se hubiesen adoptado con arreglo a un mayor rigor en la exigencia del confinamiento se vayan dejando de aplicar y sean modificadas en su alcance de acuerdo con la propia evaluación de la situación de emergencia sanitaria, las previsiones de desescalada y los factores a los que responde".
En este sentido, Trabajo afirma que se tiene como precedente de lo anterior la interrupción de actividades no esenciales decretada por el Gobierno del 30 de marzo al 9 de abril y en el que muchas empresas se vieron abocadas a solicitar expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor temporal para garantizar la extensión del confinamiento y la restricción de movimientos.
"Las exigencias documentales y de procedimiento deben ser imprescindibles", apunta, tras resaltar que bastará con comunicar a la autoridad laboral la renuncia a la medida autorizada o comunicada, ante una recuperación íntegra de la actividad, y trasladar a la entidad gestora de las prestaciones la situación de afección y desafección de cada uno de los trabajadores. De hecho, remarca que el ERTE garantiza un tránsito "no traumático" hacia una normalidad futura en la que las medidas coyunturales han dejado de ser necesarias.
En resumen, el criterio dice que toda la normalidad adoptada por el coronavirus, cuyo pilar o eje fundamental está constituido por medidas de ajuste interno de las empresas, "tiene como objetivo mantener el empleo y proteger a los trabajadores y flexibilizar y agilizar los mecanismos que son imprescindibles para lograrlo".
ACOMPASAR ERTES Y DESESCALADA
Esta reducción en grado y ritmo encaja con lo avanzado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha reiterado que el Gobierno está trabajando con los agentes sociales para ver de qué modo se acompasa el plan de desescalada con los ERTEs. "Es un proceso complejo, porque tenemos que lograr incentivar la recuperación de la actividad económica e incentivar la readmisión de los trabajadores", ha indicado.
En la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dar cuenta del Plan de Estabilidad remitido a Bruselas, la vicepresidenta ha recordado que la regulación de los ERTEs de fuerza mayor aprobada en la crisis sanitaria conlleva un importante esfuerzo del sector público para salvar empleos, pues exonera de cotizaciones a las empresas que se acogen a estos procedimientos. "Es un esfuerzo de los contribuyentes (...) y queremos acertar para que ese esfuerzo nos permita acompasar la desescalada", ha explicado.
Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha apuntado que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) van a continuar, pero "hay que pautar en qué grado y con qué ritmo". La titular del Ministerio ha apostillado que los ERTEs han sido una medida "muy eficaz", por lo que "no tendría sentido que ahora se dejase caer", ha mandado un mensaje de tranquilidad y ha afirmado que los mecanismos de protección para trabajadores y empresas puestos en marcha por el coronavarius no desaparecerán.
Estas medidas son una primera respuesta a las reivindicaciones sobre estos expedientes. Según estima el Gobierno, hay más de 4 millones de empleados en ERTE, una avalancha de nóminas que, de tenerse que incorporar a pleno rendimiento en las próximas semanas, podría acabar por dinamitar el tejido productivo del país. Por eso, desde la CEOE y desde las patronales de turismo, hostelería o comercio están presionando desde hace días para que el Ejecutivo los prorrogue. En varias declaraciones, patronales y empresarios han pedido ajustes y ampliaciones que eviten que los trabajadores vayan al paro en lugar de regresar a sus puestos de trabajo.
En concreto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, puso el acento esta semana en los pequeños negocios quedo podrán levantar la persiana aunque lo permita la desescalada porque no les resultará rentable. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera que, para cumplir las cifras previstas, es "fundamental" que los ERTE se mantengan hasta después del verano o hasta finales de año para los sectores con una recuperación más lenta.
