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Gasolinera de Repsol ubicada en MadridRicardo Rubio - Europa Press - Archivo
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La Junta de Accionistas de Repsol ha aprobado este viernes el dividendo de 0,33 euros brutos por acción con cargo a los beneficios del ejercicio 2021 que se abonará el próximo 7 de julio, sumándose así a la retribución ya pagada en enero de 0,30 euros brutos hasta alcanzar los 0,63 euros por título, una cantidad que supone una mejora del 5% del dividendo en efectivo.

Los accionistas de Repsol también han confirmado la reducción de capital social mediante la amortización del 4,91% de sus títulos, equivalente a 75 millones de acciones.

Asimismo se ha aprobado la delegación en el Consejo de Administración o, por sustitución, en la Comisión Delegada o el consejero delegado, de la facultad de ejecutar reducciones de capital adicionales hasta un máximo de 152,7 millones de acciones propias, equivalentes al 10% del capital social, para tener una mayor flexibilidad a la hora de llevar a cabo amortizaciones. Con esta mayor flexibilidad, la compañía tiene previsto recomprar en el segundo semestre de 2022 otros 50 millones de acciones que serán posteriormente canceladas.

Por otro lado, la Junta General de Accionistas ha votado a favor de la reelección como consejeros de María del Carmen Ganyet i Cirera e Ignacio Martín San Vicente, y de la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Emiliano López Achurra. Además, los accionistas aprobaron el nombramiento como consejero de José Iván Martén Uliarte.

La Junta ha estado marcada por las palabras de Antonio Brufau, presidente de Repsol, a cuenta del 'mix' energético que tiene Europa y las pretensiones que busca al respecto para ser más independiente de Rusia. “Debemos plantearnos si es realista fiar la recuperación de la crisis, acompañada de una aceleración de la transición energética, solo a la electrificación con energías renovables sin tener en cuenta otras tecnologías que hacen posible la descarbonización, o el papel que el gas natural y el petróleo tienen que jugar durante muchos años”, ha afirmado.

Cree que es el momento de diseñar correctamente las rutas para minimizar las emisiones de carbono a la atmósfera pero a un coste asumible, sin dogmas, con pragmatismo y sin la soberbia intelectual de pretender establecer los objetivos en un futuro aún no escrito. Ha alertado, eso sí, que la transición energética tiene un gran coste, de millones de dólares, y que es imprescindible que no se produzcan desabastecimientos.

En este sentido, cree que las políticas energéticas de Europa son "bienintencionadas" pero "poco realistas". “¿Tiene sentido sustituir el gas ruso con la importación de gas natural de Estados Unidos, que dispone de precios locales bajos de los que no se beneficia Europa y es muy abundante gracias al 'fracking', mientras prohibimos esta técnica en nuestro continente?", se ha preguntado, cuestionando también el sentido de reducir a lo "casi anecdótico" el debate sobre la geopolítica de minerales críticos para la transición energética.

También ha puesto en duda el hecho de obviar que se va a continuar necesitando energía de los hidrocarburos o ignorar que habrá industrias y sectores europeos cuya descarbonización llegará con la electricidad renovable.

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