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Banco PopularAGUSTÍN IGLESIAS

El rescate por parte del Gobierno italiano del banco cooperativo Banca Popolare di Bari es una gota más que colma el vaso de la paciencia de los antiguos inversores de Popular. Ya son tres los bancos italianos en problemas que se libran de que se les apliquen los mecanismos de resolución por los que tuvo que pasar Popular hace dos años y medio, que se suman al alemán Nord-LB, también rescatado por su gobierno. El agravio comparativo va creciendo, ¿por qué solamente los accionistas de Popular debieron pasar por la resolución? La clave está en las excepciones a la normativa de resolución y de las ayudas de Estado.

Desde que las autoridades europeas decidieran intervenir Popular, cinco bancos europeos en problemas han sorteado la resolución y han sido rescatados por sus respectivos países. El último caso ha sido el de Banca Popolare di Bari, que recibirá hasta 900 millones de euros del Gobierno italiano una vez que este ha aprobado un decreto de emergencia para su rescate. La entidad había afirmado días antes que necesitaría unos 1.000 millones.

En esta ocasión, el caso ni siquiera ha llegado a las dependencias de la Junta Única de Resolución (JUR), la autoridad europea encargada de decidir si un banco está en situación de inviabilidad (failing or likely to fail), pues se trata de una entidad directamente supervisada por el Banco de Italia. Por ello, el Ejecutivo de Giuseppe Conte intervino el banco el pasado fin de semana, tras lo que se reunió de urgencia el domingo por la noche y dio luz verde a la inyección.

El Gobierno italiano ha actuado para salvar este pequeño banco y ahora las autoridades europeas, a posteriori, estudian si su rescate entra en conflicto con la normativa de ayudas de Estado o puede acogerse a alguna excepción contemplada en la misma. "Estamos en contacto con Italia preparados para hablar sobre la disponibilidad y la condición de las herramientas que hay en el marco legal comunitario", explicaba la portavoz de la Comisión Europea Arianna Podesta.

Este banco cooperativo no es el primero que evita tener un destino similar al de Popular. Hace algunas semanas, era Alemania la que sacaba de apuros al Nord-LB, que en 2018 registró pérdidas por casi 3.000 millones de euros. En este caso, la excepción a la que se acogió fue la de la regulación de las ayudas de Estado, con el visto bueno de la autoridad de Competencia europea.

El caso de este banco alemán es peculiar. Su accionariado no solamente está compuesto por entes privados, sino que el Estado mantiene una alta participación, superior al 60%. “Hemos descubierto que el Estado está invirtiendo en las mismas condiciones que una entidad privada habría aceptado, en línea con las reglas de ayudas de Estado comunitarias”, defendía Margrethe Vestager, comisaria del área de Competencia, al respecto.

Los mecanismos de resolución o bail in europeos contemplan la amortización de determinados instrumentos de capital para que los bancos se salven a sí mismos y en el caso de Nord-LB una resolución, con su posterior subasta, habría supuesto la reducción a cero de los instrumentos que ostenta el Estado alemán.

EL BANCO LETÓN SANCIONADO

En febrero de 2018, casi un año después de la resolución de Popular, la JUR decidió que el letón ABLV Bank debía tener la consideración de failing or likely to fail, aunque, sorprendentemente, no creyó conveniente someterlo a resolución. “La JUR ha decidido que la resolución no es necesaria, dado que no va en el interés de estos bancos [ABLV Bank y su filial luxemburguesa]. En consecuencia, la liquidación de estos bancos tendrá lugar bajo la ley de Letonia y Luxemburgo, respectivamente”, indicó entonces la autoridad que preside Elke König.

La posición de liquidez de esta entidad se puso en entredicho después de que el Tesoro de Estados Unidos pidiera sanciones contra ABLV tras acusarle de permitir a los clientes realizar negocios con Corea del Norte violando así las sanciones impuestas por Naciones Unidas. El Banco Central Europeo prohibió todos sus pagos.

La explicación dada por la JUR para no iniciar su resolución fue que ni ABLV ni su filial en Luxemburgo ofrecían “funciones críticas” y no se esperaba “que su quiebra tuviera un impacto adverso significativo en la estabilidad financiera” ni en Letonia ni en Luxemburgo. El banco vivió el mayor concurso de un banco en Letonia, que se aprobó en el otoño de 2018. El bail in, mecanismo creado para evitar la quiebra de bancos tras la crisis financiera, fracasaba de nuevo.

ITALIA NO RESUELVE

La misma explicación dio la JUR cuando decidió no resolver a Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca, que terminaron troceados por las autoridades del país. Los activos ‘buenos’ de las entidades fueron a parar a manos de Intesa San Paolo, mientras que los ‘malos’ requirieron una inyección de 17.000 millones por parte del Estado italiano.

Es cierto que las entidades entidades del Veneto tenían un tamaño considerablemente menor al de Popular, y no digamos ya ABLV. Las primeras tenían balances del entorno de 30.000 millones de euros, mientras que el de Popular superaba con creces los 100.000 millones. Al no cotizar en bolsa los primeros, la estructura accionarial es muy distinta, puesto que en Popular había cientos de pequeños accionistas.

El método empleado en Italia fue un poco más suave que la resolución, pero, con todo, en ambos casos perdieron su inversión los accionistas. Todos los no resueltos desde la intervención de Popular son bancos regionales similares a las antiguas cajas españolas, con la excepción de ABLV.

El eurodiputado Luis Garicano criticaba hace unos días que la Unión Europea “ha construido un régimen de resolución diseñado para no ser utilizado”. Un régimen, además, que cuesta mucho dinero al resto de bancos, que no solo deben responder ante unos altos requerimientos de capital, sino que deben llenar la hucha del Fondo Único de Resolución con fondos adicionales a los que aportan a cada fondo de garantía de depósitos nacional. ¿Volverá a haber una resolución en Europa?

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