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Archivo - Imagen de la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso, con su presidente, Joseba Andoni Agirretxea (2i) EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press

Hasta poco antes de la Comisión los grupos no tenían la propuesta del PSOE sobre la venta a pérdidas, tras desmarcarse de un acuerdo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley de cadena alimentaria, que iba a tener lugar este miércoles en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha quedado aplazada una semana a instancias de la oposición y pese al voto contra del PSOE.

El aplazamiento, solicitado por EH-Bildu, ha sido respaldado por el PP, Vox, ERC, Ciudadanos, Compromís y Nueva Canarias, mientras que el PSOE ha votado en contra. Unidas Podemos y el PNV se han abstenido.

De haber votado juntos, las formaciones de Gobierno podrían haber forzado un empate, propiciando la repetición de la votación y, en caso de no moverse ninguna posición, rechazar el aplazamiento.

A excepción del PNV, que preside la Comisión a través de su diputado Joseba Agirretxea, la oposición en bloque ha lamentado que hasta "última hora" no han podido tener las propuestas del Gobierno, facilitadas por el PSOE, para enmendar esta ley, que ya acumula diez meses en la Cámara.

Entre ellas, la regulación de la prohibición de la venta a pérdidas, principal reivindicación de asociaciones y patronales del sector agroalimentario y una de las medidas más importantes de la reforma.

Pese a tener una propuesta acordada entre el PSOE y Unidas Podemos con socios como ERC, Bildu o Compromís, el PSOE se desmarcó en los últimos días de la enmienda y, hasta este mismo miércoles, a pocas horas de iniciar la Comisión, no ha remitido a los grupos una propuesta de transaccional.

Es por ello por lo que los grupos han respaldado la solicitud de Bildu, optando por dar más tiempo para estudiar y debatir esa última propuesta y poder plantear cambios. A propuesta del presidente Agirretxea, la Comisión volverá a reunirse el próximo miércoles 29 de septiembre, a las 16 horas para votar las enmiendas y la aprobación del proyecto.

"ESTO NO ES DE RECIBO"

"Estamos recibiendo transaccionales a última hora y creo que tendría que hacerse un esfuerzo en llegar a acuerdos, dada la trascendencia de la ley", ha esgrimido Iñaki Ruiz de Pinedo, de Bildu. "No es de recibo que llevemos el tiempo que llevamos y justamente lleguen hoy las transaccionales", ha secundado, por Compromís, Joan Baldoví.

Manuel González Ramos, del PSOE, defendía que "siempre a última hora se puede negociar" y que la mayoría de propuestas ya eran conocidas por los grupos antes del verano. Sin embargo, Xavier Eritja (ERC), criticaba que esas enmiendas facilitadas poco antes de la Comisión eran justamente las que decidían "qué dirección toma la ley", por lo que ha defendido más tiempo para "poder llegar a unos mínimos y votar en condiciones".

Mari Carmen Martínez Granados (Cs) también ha defendido posponer la Comisión para estudiar la propuesta, al tiempo que la 'popular' Milagros Marcos ha pedido "respeto y transparencia" a la hora de regular: "Llevamos días pidiendo las transaccionales, han llegado a última hora y es imposible saber a qué atenerse. El sector merece más respeto", ha sentenciado.

DIEZ MESES DESPUÉS LA LEY SIGUE INTACTA, TAL COMO LLEGÓ AL CONGRESO

Hasta el momento, los grupos no han introducido cambio alguno en el proyecto de ley remitido por el Gobierno. Pese a registrar unas 350 enmiendas, los grupos acordaron el pasado verano en ponencia votar todos los cambios en la Comisión, en base a las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos, con aportaciones de otros grupos.

Sin embargo, en aquella ocasión, el PP y el PNV, con mayoría en la Mesa de la Comisión, frenaron el intento de PSOE y Unidas Podemos de celebrar una sesión para aprobar la ley. Entonces los grupos del Ejecutivo contaban con un principio de acuerdo con Esquerra Republicana, EH-Bildu y Compromís para sacar adelante la reforma, que se pospuso hasta septiembre.

Sin embargo, en los últimos días, según han informado a Europa Press diferentes grupos, el PSOE, que ostenta la cartera de Agricultura y, por tanto, el peso de las negociaciones con los grupos, se desmarcó del acuerdo en uno de los aspectos fundamentales de la ley, la prohibición de la venta a pérdidas.

LA ENMIENDA PROHIBÍA LA VENTA A PÉRDIDA AL PÚBLICO

La enmienda pactada inicialmente, a la que ha tenido acceso Europa Press, recogía la obligación de cada operador a pagar al operador inmediatamente anterior "un precio igual o superior al coste efectivo de producción", siendo el coste efectivo de producción "uno de los factores de referencia" para fijar el precio.

También impedía aplicar u ofertar un precio de venta al público de un alimento o producto alimenticio inferior al precio real de adquisición, a excepción de aquellas ventas de alimentos y productos perecederos en fecha próxima a su inutilización.

EL PSOE ALEGÓ DUDAS SOBRE SU VIABILIDAD, QUE EL PP COMPARTE

Sin embargo, hace días el PSOE se desmarcó de esta redacción, alegando dudas sobre su viabilidad, sin presentar hasta poco antes de iniciarse la Comisión una alternativa a los grupos. Según informan fuentes parlamentarias, desde el PSOE han esgrimido un posible conflicto competencial que atañe al pequeño comercio. Desde el PSOE han declinado en varias ocasiones hacer valoraciones sobre esta cuestión.

Desde el PP comparten las dudas sobre esta redacción, ya que ven "inaplicable" la prohibición propuesta, según trasladan a Europa Press de este esta formación. Así, la ven contraria a la propia Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y solo ven posible aplicarla a través de una reforma de la misma.

Asimismo, recuerdan una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre que la prohibición de la venta a pérdidas, con carácter general, excede lo establecido en la normativa comunitaria y que España ya ha sido condenada por ello, obligando a modificar la citada Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

EL SECTOR PIDE EXTENDER LA VENTA A PÉRDIDAS A TODA LA CADENA

La regulación de la venta a pérdidas es uno de los aspectos clave de la reforma, ya que era una de las principales reivindicaciones de las asociaciones agrarias durante las protestas iniciadas a principios del año pasado, únicamente paralizadas al estallar la pandemia de Covid-19.

Es más, este mismo martes organizaciones de toda la cadena agroalimentaria han remitido a los grupos una carta para pedir la extensión de la prohibición de la venta a pérdidas a todos los eslabones de la cadena.

La carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, viene firmada por las asociaciones agrarias Asaja, Coag, UPA y Cooperativas agroalimentarias, pero también la patronal Asedas, que cuenta entre sus asociados con Mercadona, Dia, Coviran, Alimerka o Ahorramas, entre otras, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la patronal Promarca.

Estas organizaciones piden que la trasposición de la directiva de prácticas comerciales permita "desarrollar una regulación más coherente y que dé seguridad jurídica a los operadores en relación con la destrucción del valor en la cadena en este sector".

En este sentido, señalan que conocen que el Congreso "valora la introducción de extender la prohibición venta a pérdida en todos los eslabones de la cadena, incluido el de la venta final" y, por ello, piden el apoyo de los grupos "a favor de la introducción de esta medida en el actual proyecto de ley".

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