El Banco de España anunció al inversor mexicano Antonio del Valle, titular del 4% del capital y consejero del Banco Popular, su intención de vender la entidad a un banco español más grande seis meses antes de la resolución de junio de 2017, según fuentes conocedoras de ese encuentro. Del Valle sostiene que esto explica que el supervisor dejara caer la entidad al no facilitarle liquidez de emergencia, si bien el informe de los peritos para la Audiencia Nacional lo achaca a la falta de documentación.
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Las fuentes citadas sostienen que Luis Linde y Fernando Restoy, entonces gobernador y subgobernador del Banco de España, aseguraron a Del Valle en diciembre de 2016 que habían tomado la decisión de que el Popular tenía que acabar en manos de un banco español más grande ya en enero de 2017. La razón esgrimida por el supervisor era el delicado estado financiero de la entidad, ante lo cual la mejor solución era su venta.
Del Valle era más partidario de la otra opción para salvar al Popular que plantearía Emilio Saracho unos meses más tarde: una macroampliación de capital. Pero esa alternativa ni se le pasaba por la cabeza a Linde y a Restoy en aquella reunión.
El inversor mexicano sostiene que este empecinamiento del Banco de España fue la razón por la que, hace justo dos años, se negó a proporcionarle la liquidez de emergencia (ELA) que habría permitido al Popular seguir vivo y evitar la resolución, 9.500 millones.
LA 'TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN'
"Del Valle asegura que la solicitud de ELA fue aprobada por el Banco de España y por el BCE, y confirmaron que el Popular contaba con suficientes colaterales para ello y que cumplía todos los requisitos para recibirla, incluyendo el de solvencia. ¿Por qué no se la dieron, entonces? A su juicio, porque estaba ya tomada la decisión de que el Popular tenía que acabar en manos de un banco más grande, el Santander, tal como le habían anunciado seis meses antes", explica una de estas fuentes.
Esta explicación coincide con la llamada "teoría de la conspiración", que sostiene que las autoridades tenían un acuerdo con el Santander para que se quedara gratis con el Popular y que por eso forzaron su resolución. Hasta la fecha, nadie ha presentado ninguna prueba de un acuerdo de este tipo, pero es innegable que esta reunión a la que se refiere Del Valle refuerza a los partidarios de esta tesis.
LOS PERITOS DESMIENTEN A DEL VALLE
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No obstante, la versión del inversor no coincide con la que recoge el informe de los peritos del Banco de España para la Audiencia Nacional. Estos aseguran que el Popular no presentó garantías (colateral) suficientes para obtener esa ELA: "No podía presentar como garantías las acciones y participaciones en las sociedades, los préstamos y créditos normales no hipotecarios a personas físicas y créditos y préstamos dudosos contenían campos vacíos y duplicidades aún pendientes de resolver por la Entidad. Los CTH no cumplían los requisitos para que pudieran ser considerados como garantía".
Añaden que el 6 de junio de 2017, la víspera de la resolución, "la entidad seguía teniendo dificultades para aportar información para valorar adecuadamente los activos entregados en garantía de forma adecuada, que hiciera que se pudieran valorar. Así, de los préstamos y créditos a personas físicas sin garantía o con garantías reales no hipotecarias y en condiciones normales de pago se seleccionaron aquellos que formaban una cartera uniforme de 32.664 préstamos y créditos a personas físicas con un valor nominal de 666 M€ que, después de recortes, alcanzaron un valor efectivo de casi 327 M€. La Entidad solicitó disponer de 300 M€ más, quedando al cierre del día un saldo positivo en la cuenta del Banco de España de alrededor de 600 M€ para iniciar el día 7 de junio. Por tanto, al final del día 6, el importe dispuesto era de 3.800 M€".
El propio Saracho reconoció esta falta de documentación de las garantías en la comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso: "la garantía era de mala a muy mala a horrorosa", llegó a decir. Ante esta situación, no se le pudo conceder la liquidez solicitada. Según la documentación del Banco de España, "al cierre de mercados del martes 6 de junio, la Entidad acumulaba garantías formalizadas para ELA por un valor nominal total de 9.688 millones de euros y un valor efectivo total después de recortes de 3.902 millones de euros y había dispuesto de un total de 3.800 millones de euros en ELA”.
