El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo Ivima llevada a cabo en 2013 a la sociedad Encasa Cibeles, participada por Goldman Sachs y Azora, por 201 millones de euros. La operación, acordada por el Gobierno de Ignacio González, debe por tanto quedar sin efecto.
Así se ha pronunciado la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ha decidido inadmitir a trámite los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid y Azora contra la sentencia emitida por la Sección Octava de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que daba la razón a los inquilinos de estos pisos.
El Supremo, que ha impuesto las costas del proceso a los recurrentes, ha respaldado al TSJM, que estimó en varias resoluciones que la venta fue "irregular" y quebró "la protección social" de las personas que vivían en ellas. Así respondió a la demanda de varios inquilinos del Ensanche de Vallecas de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (PAVPS).
En concreto, los magistrados del tribunal madrileño veían "evidente la infracción del principio de innecesariedad en la enajenación de las 32 promociones de viviendas, con incidencia en las ocupadas por los arrendatarios apelantes", y agregaban que la venta supuso "la quiebra de la protección social de estos grupos de personas, colectivos favorecidos con el disfrute de viviendas de protección pública".
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El pasado mes de junio la sección octava de la Sala Contencioso Administrativo del TSJM ya rechazó los recursos de Comunidad y Azora contra el fallo emitido en su día por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, que anuló la citada operación de venta. El juez consideró que dicha adjudicación "no se ajusta a derecho" y no estaba justificada por ningún "informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal".
En concreto, el fallo señalaba que la enajenación de las viviendas repartidas en 32 promociones se justificó señalando que "no eran necesarias". Sin embargo, alegaban que esta afirmación ni está explicada ni justificada. "No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna", argumentaba la sentencia ahora ratificada por el Supremo.
Asimismo, el TSJM también destacaba que, al contrario de lo que defendía la Comunidad de Madrid, el cambio de titularidad de esas viviendas "no es irrelevante" para el arrendado, pues no es lo mismo que sea un privado que una administración pública. Exponía que el Ejecutivo regional está sometido al mandato de los artículos de la Constitución que aluden al derecho a la vivienda digna en términos de igualdad de oportunidades y, por tanto, desde los poderes públicos se deben promover "las condiciones necesarias" para ello, mientras que una entidad privada solo tiene como "finalidad la obtención de beneficios en una sociedad de mercado".
Además, el TSJM aseguraba que esas viviendas fueron concebidas con una función social para atender a personas que no pueden acceder a un piso a precio de mercado, algo que la mercantil (Azora) no tiene obligación de hacer.
Las casi 3.000 viviendas afectadas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20% más que el precio fijado de salida (168,9 millones). Son, en su mayoría, pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).
NO SE PUEDE CANTAR VICTORIA
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social se ha congratulado de la inadmisión de los recursos, aunque también ha recordado que "no puede cantar victoria definitiva", pues aún queda por resolver otro recurso presentado en la Sala Especial del Supremo. Aunque sí ha destacado que esta resolución deja claro que "las viviendas deben volver" a ser de titularidad pública.
"Exigimos igualmente la reparación del daño causado. Se han ejecutado centenares de desahucios durante todos esos años de forma absolutamente ilegal", ha concluido este colectivo.
