Las diez claves del Convenio Económico entre Navarra y el Estado

Se trata de un privilegio foral con raíces históricas amparado por la Constitución de 1978

  • El Gobierno navarro recauda todos los impuestos y a cambio paga una aportación anual al Gobierno central
  • Ambos Ejecutivos negocian en estos momentos cuál debe ser la aportación para el periodo 2015 - 2019
César Vidal
Bolsamania | 10 dic, 2017 06:00
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Uxue Barkos Berruezo, presidenta del Gobierno de NavarraEUROPA PRESS

Después del cupo vasco, el Gobierno debe negociar con la Comunidad Foral de Navarra la renovación de su Convenio Económico. Se trata de un sistema propio de financiación, derivado de sus derechos históricos y amparado por la Constitución, pero criticado por muchos al considerarlo un privilegio respecto al resto de comunidades.

1. LA CÁMARA DE COMPTOS

La tradición fiscal de Navarra tiene su origen en la Cámara de Comptos. Se trata del tribunal de cuentas más antiguo de España y uno de los primeros de Europa. Fue creado por el rey Carlos II de Navarra en 1365 para poner en orden las cuentas del Reino. Su actividad se extendió hasta 1836 y posteriormente fue reestablecida en 1980.

La minuciosa documentación del Archivo de Comptos es la base del Archivo General de Navarra, donde se encuentra la documentación seriada de la Baja Edad Media más importante de Europa. En la actualidad, la Cámara de Comptos sigue siendo el organo fiscalizador que controla los fondos públicos del Gobierno de Navarra y de los Ayuntamientos.

2. EL ORIGEN DEL CONVENIO ECONÓMICO

En resumen, el Convenio Económico tiene su origen en la Ley de Modificación de los Fueros de 1841, también llamada Ley Paccionada. Tras la primera Guerra Carlista, Navarra perdió su condición de Reino y pasó a ser una provincia española, pero mantuvo una amplia autonomia, como la capacidad de establecer y recaudar sus propios impuestos. En ese momento, se fijó que Navarra debía realizar una aportación anual a la financiación del Estado, que fue calculada en 1,8 millones de reales.

La Disposición Adicional Primera de la Constitución señala que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”. Y añade que “la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”. El estatuto de autonomía de Navarra se aprobó en 1982 y fue denominado Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra (LORAFNA).

3. ¿DESDE CUÁNDO LLEVA VIGENTE?

Desde 1841. El Convenio Económico entre Navarra y el Estado ha seguido vigente incluso durante la dictadura, ya que se renovó en 1877, 1927, 1941, 1969 y 1990, cuyo texto sigue vigente. Aunque su carácter es indefinido, se actualiza cada cinco años.

En estos momentos, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Navarra se encuentran negociando la actualización de las relaciones financieras derivadas del Convenio Económico para el quinquenio 2015-2019, ya que actualmente sigue en vigor la actualización acordada para el periodo 2010-2015.

4. ELEMENTOS CLAVE DEL CONVENIO DE 1990

Hay dos características esenciales en el Convenio Económico de 1990. Por un lado, el régimen fiscal de Navarra debe adecuarse en terminología y conceptos a la Ley General Tributaria española. Y en segundo lugar, el sistema debe establecer y mantener una presión fiscal efectiva global no inferior a la existente en el resto del Estado.

En la práctica, Navarra tiene potestad para establecer variaciones en los impuestos directos (Renta, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones) pero no en los indirectos (IVA).

5. APORTACIÓN DE NAVARRA AL ESTADO

Cada año, el Gobierno de Navarra paga al Estado por los servicios que no tiene transferidos, así como por aquellos que son comunes a todo el país. Esta cantidad, conocida como aportación, es establecida anualmente en función de unas determinadas variables. Por ejemplo, desde 2002 hasta 2007 aumentó desde 421 hasta 655 millones de euros gracias al buen clima económico.

En 2008, cuando empezó la crisis, se redujo hasta 490 millones. Y en 2009, hasta 344 millones. A partir de 2010, aumentó de nuevo hasta 480 millones y en 2016 fue de 520 millones. En 2017, esta cantidad ha quedado fijada por el Estado en 627 millones de euros, cifra que el actual Gobierno de Navarra considera excesiva (su cálculo es de 470 millones de euros).

6. ¿CUÁNTO RECAUDA NAVARRA POR IMPUESTOS?

Según datos relativos a 2016, ya que el ejercicio de 2017 todavía no está cerrado, el Departamento de Hacienda del Gobierno de Navarra recaudó un total de 1.178 millones de euros por las cuotas del IRFP y otros 216 millones por el Impuesto de Sociedades. En total, la recaudación por Impuestos Directos fue de 1.511 millones de euros.

La recaudación por IVA fue de 1.215 millones de euros, y la de Impuestos Especiales fue de 424 millones. En total, la recaudación por Impuestos Indirectos ascendió a 1.709 millones de euros. Y en conjunto, Navarra recaudó en impuestos durante 2016 una cantidad de 3.249 millones de euros, un 1,6% más que en 2015. Sumando otras partidas, los ingresos corrientes de Navarra en 2016 fueron de 3.382 millones.

7. ¿CÓMO SE CALCULA LA APORTACIÓN ECONÓMICA?

Para calcular la aportación, la referencia es el presupuesto de gastos del Estado. A esa cifra se le restan las partidas de los servicios que Navarra tiene transferidos. En estas cargas no asumidas se incluyen los fondos de compensación interterritorial y el pago de la deuda estatal.

Para calcular la aportación, se establece un multiplicador del 1,6%, en función del porcentaje del PIB de Navarra en relación al PIB español. Este porcentaje es superior al peso relativo de la población de Navarra (1,35% de la población española).

8. ¿CÓMO SE NEGOCIA ESA APORTACIÓN ECONÓMICA?

Para 2018, el Gobierno de Navarra ha aprobado un presupuesto de 4.157 millones de euros y ha reservado una partida de 542 millones de euros para pagar el Convenio Económico con el Estado. Según cálculos del Gobierno foral, la aportación de Navarra al Estado a partir de 2017 debería bajar hasta una horquilla situada entre 341 y 494 millones de euros.

Es precisamente esa cantidad la que actualmente está debatiendo la Comisión negociadora. Está integrada por dieciséis personas, ocho por cada administración. La delegación de Navarra está formada por responsables de la Hacienda foral y de los partidos políticos con representación parlamentaria; la delegación central está integrada únicamente por altos cargos de la Administración.

9. ¿HABRÁ ACUERDO?

Tanto los representantes del Gobierno foral como del Gobierno central han mostrado su disposición en llegar a un acuerdo antes de final de año. El consejero de Hacienda navarro, Mikel Aranburu, se ha mostrado "optimista" y espera que la actualización del Convenio refleje los intereses de Navarra.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también se ha comprometido públicamente a cerrar la financiación de Navarra para los próximos años, con el objetivo de avanzar posteriormente en el nuevo sistema de financiación que se negocia actualmente para el resto de comunidades. Además, Montoro busca que Unión del Pueblo Navarro (UPN), con dos diputados en el Congreso, apoye los presupuestos de 2018.

10. DEUDA Y CALIFICACIÓN CREDITICIA

En 2016, el Gobierno foral cubrió unas necesidades de financiación de 579 millones de euros (una cantidad similar a la aportación que realiza al Estado) a un tipo de interés medio de 1,59%, el más bajo de su historia. Navarra cuenta con un rating A, con perspectiva positiva, por parte de la agencia Standard & Poor's. Se trata de un rating que se encuentra dos escalones por encima de la calificación de España.

Navarra cerró el 2016 con un endeudamiento total de 3.461 millones de euros. Por volumen, se sitúa entre las regiones menos endeudadas y en relación a su PIB, por debajo de la media española. La ratio de la Comunidad Foral es del 18,2%, frente a 24,9% de la media nacional.

Sin embargo, la deuda de Navarra se ha disparado desde que comenzó la crisis. En 2008 era de 868 millones de euros, apenas el 4,6% del PIB. En 2010 se había casi duplicado hasta 1.691 millones (9,3% del PIB) y en 2015 se volvió a duplicar hasta los mencionados 3.461 millones. El coste de los intereses de la deuda estimado para 2018 es de 90 millones, frente a los 98 presupuestados en 2017.

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