MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Consejo General de Economistas (CGE) muestran su "total apoyo" a las iniciativas del real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para paliar el impacto del Covid-19, publicado este martes en el BOE, si bien creen que debería primarse también de alguna manera a las empresas que, pese a las dificultades, siguen manteniendo un "razonable" nivel de actividad y el empleo de trabajadores, mediante la exoneración temporal del abono de su aportación a la Seguridad Social.
Del mismo modo, abogan por que aquellos autónomos que por su tipo de trabajo puedan seguir desarrollando*su actividad deberían ser exonerados del pago de la cuota de autónomos durante el tiempo que dure el estado de alarma. De no hacerlo así, consideran que se estaría "priorizando o dando mayores ventajas al cese de actividad y la suspensión de los contratos de trabajo frente a aquellas empresas que, por tipología, pueden seguir prestando sus servicios, agravándose la situación económica".
El presidente del CGE, Valentín Pich, reclama a las autoridades europeas una respuesta "clara y coordinada" para mitigar los daños, si bien apunta que España no puede ir "al albur de las decisiones de la UE" y destaca que el Gobierno está actuando "en buena dirección", aunque quedan por perfilas "muchos matices".
Los economistas ven necesario que la autoridad laboral publique un modelo orientativo de informe técnico que sirva a los profesionales y las empresas como guía en sus solicitudes de ERTEs, así como que el informe fuese elaborado y avalado su contenido por un profesional con la cualificación necesaria para evitar fraudes y dar una mayor garantía a la administración.
En cuanto a la "buena noticia" de la simplifación de los trámites de los ERTEs por fuerza mayor, el CGE señala que en la mayoría de empresas sin representación legal de los trabajadores hace falta una comisión representativa para la negociación del periodo de consultas sobre la suspensión de contratos o reducción de jornadas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el Covid-19.
"Esto puede hacer que sea inviable las solicitudes en tiempo y forma, debido a la avalancha que se puede producir", avisa.
También piden los economistas que se valore la posible habilitación de una prestación de trabajadores que se tengan que quedar al cuidado de hijos o dependientes y no puedan teletrabajar, así como suspender momentáneamente la obligación del registro laboral, y reducir el porcentaje de al menos un 75% establecido como baremo para la facturación de autónomos y su derecho a una prestación.
FISCALIDAD
En materia de fiscalidad, ven una "buena medida" aplazar hasta 30.000 euros los pagos tributarios, pero avisan de un problema en la elaboración con información fiable de dichas autoliquidaciones.
Además, el CGE resalta que los plazos de los procedimientos tributarios no se consideran ampliados con carácter general, y pide que las administraciones tributarias se abstengan de notificar inicio de procedimientos, requerimientos o solicitudes de información en esta situación, máxime cuando, al menos la AEAT, se ha blindado para que no corran plazos de duración de procedimientos, prescripción o caducidad.
En el caso del resto de empresas (de medianas y gran dimensión), cree que debería implementarse un procedimiento rápido de solicitud y concesión de aplazamientos de forma parecida al regulado para pymes.
FINANZAS
Sobre las medidas en finanzas, los economistas valoran las nuevas líneas por importe de 100.000 millones, pero piden clarificar la metodología y dictar un procedimiento ágil.
En relación a la moratoria hipotecaria piden establecer el procedimiento de solicitud y determinar si habrá un formulario estandarizado y echan en falta, para otro tipo de contratos de préstamo, una flexibilización de las condiciones.
En cuanto a la línea de avales para las empresas y autónomos piden clarificar el procedimiento de obtención de esos avales y sirvan para financiación que permita hacer frente a los impagados y resto financiación necesaria por problemática ocasionada por el coronavirus; permitir que se pueda pasar deuda de corto plazo a largo plazo para poder hacer frente con tranquilidad a la postcrisis, y la opción de dinero "nuevo" para poder seguir operando, no solo para cancelar posiciones de impagados con el banco.
EMPRESAS
Desde el CGE valoran la inclusión de medidas en el ámbito concursal, siguiendo lo establecido en Alemania, de forma que no haya obligación de declarar concurso de acreedores en dos meses tras la finalización del Estado de alarma, así como la extensión de la moratoria en caso de haber solicitado preconcurso de acreedores, acuerdo de refinanciación o extrajudicial de pagos.
Sin embargo, no ve adecuado el tratamiento que se ha dado a que las pymes exportadoras que se encuentren en preconcurso o concurso de acreedores, ya que no podrán beneficiarse de líneas de crédito. "Esta excepción estigmatiza indebidamente a las empresas en concurso de acreedores e incluso en situación preconcursal", critican los economistas.
Igualmente, echan en falta medidas que posibilitaran una mayor extensión de la segunda oportunidad en personas naturales y en personas físicas empresarios (autónomos) y medidas para reforzar los juzgados de lo Mercantil.
Sobre las medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas, considera que deberían hacerse extensibles a otras entidades supervisadas por CNMV, como las 'sicav'.