La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), en la región Loreto de la Amazonía Peruana, presentó una demanda advirtiendo que el Gobierno Regional de Loreto violaría la Constitución del Perú al reiniciar la explotación forestal -en medio de la pandemia- en bosques que ahora albergan a pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario y en contacto inicial. La demanda cuenta con el respaldo del Instituto de Defensa Legal (IDL), el Forest Peoples Programme (FPP) y la Agencia de Investigación Ambiental (EIA).
La demanda constitucional de amparo, presentada el viernes pasado, tiene por objeto bloquear el plan de reapertura encabezado por dos organismos estatales regionales en la región de Loreto. Este plan -que surge a partir de un decreto reciente para la reanudación de las actividades extractivas en el país-, permitiría reactivar la explotación forestal en concesiones que se sobreponen con áreas de bosques que se encuentran en pleno proceso para ser designadas como reservas indígenas en favor de pueblos indígenas aislados y en contacto Inicial (PIACI), de conformidad con la ley nacional. Según los demandantes, el plan de reapertura supone una amenaza cierta e inminente para las vidas de los Pueblos Indígenas afectados. En la demanda se establece que reanudar la explotación forestal implica el riesgo de que la infección por COVID-19 llegue a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, quienes son especialmente vulnerables ante enfermedades y no tienen acceso a atención médica. Se argumenta también que la explotación forestal pone en peligro el sustento de estos pueblos al degradar los ecosistemas forestales de los que dependen, a la vez que fomenta el conflicto con los equipos de taladores y otros trabajadores.
Julia Urrunaga, vocera de EIA, declaró: ?Reactivar estas concesiones constituye un acto ilegal que amenaza la existencia misma de los pueblos en aislamiento voluntario en los bosques. El sector forestal del Perú ya está plagado de ilegalidades y violaciones a los derechos humanos. Cualquier plan para reiniciar la explotación forestal en la Amazonía mientras el virus continúe esparciéndose tendrá un impacto desastroso y debería detenerse de inmediato?.
Las autoridades regionales registran además un historial de incumplimiento con las leyes nacionales: según la demanda, en los años 2016 y 2017 se otorgó 43 concesiones de manera ilegal en las áreas de reservas solicitadas. Las solicitudes presentadas por el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo durante los últimos cuatro años, orientadas a anular las concesiones ilegales, han sido ignoradas.
ORPIO está solicitando al juez que ordene al Gobierno Regional de Loreto que no otorgue, ni reactive, concesiones sobre el bosque que se sobrepongan con las reservas solicitadas a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. De manera extensiva, el grupo solicita no otorgar, reactivar ni generar concesiones sobre el bosque ni unidades de extracción del bosque en áreas que se encuentran en pleno proceso de establecerse como reservas indígenas para pueblos en aislamiento.
Puede accederse a la declaración de ORPIO a los medios de comunicación aquí.
La demanda original y un resumen en inglés se encuentran disponibles a pedido.
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