Estos serán los municipios que reciban la desmovilización de guerrilleros de las FARC
En veintitrés veredas ubicadas en doce departamentos de Colombia, estarán los puntos de concentración transitorios que se han pactado para el desarme y la desmovilización.
- Se planea que el periodo de transición dure 180 días con unos protocolos definidos para la entrega de las armas a la ONU.
Como “Zonas Veredales Transitorias” fueron definidas estas zonas que harán parte del tránsito de los ex guerrilleros a la vida civil y que están planeadas para entrar en función una vez se haya firmado el acuerdo final.
Según aseguró el Ministerio de Defensa colombiano en un comunicado, “dentro de los acuerdos anunciados el día de ayer en La Habana, Cuba, se incluye el establecimiento de 23 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), cuyo objeto es garantizar precisamente que cesen el fuego y las hostilidades de manera definitiva y que las FARC dejen las armas en manos de la Organización de las Naciones Unidas - ONU”.
Se espera que los guerrilleros se concentren por un tiempo máximo de 180 días en estas zonas.
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Tal y como lo define el Ministerio, estas ZVTN “son veredas o fracciones de veredas” que estarán localizadas en la jurisdicción de los siguientes 22 municipios de 12 departamentos:
Cesar: La Paz
Norte de Santander: Tibú
Antioquia: Remedios, Ituango, Dabeiba
Tolima: Planadas, Villarica
Cauca: Buenos Aires, Caldono
Nariño: Policarpa, Tumaco
Putumayo: Puerto Asis
Caquetá: Montañita, Cartagena del Chairá
Arauca: Arauquita, Tame
Meta: Macarena, Mapiripán, Mesetas, Vistahermosa
Vichada: Cumaribo
Guaviare: San José del Guaviare (este), San José del Guaviare (oeste)
En estos puntos, se espera que los guerrilleros se concentren por un tiempo máximo de 180 días que servirán para entregar las armas a la comisión de la ONU y hacer su transición a la vida civil. Cabe resaltar que en Colombia existen 33 mil veredas, de las cuales se usarán como zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) un total de 23.
Estas áreas funcionarán una vez se haya firmado el acuerdo final entre Gobierno y FARC.
El Ministerio de Defensa explicó que, para determinar estas zonas, se tuvo en cuenta su distancia de cascos urbanos o cabeceras municipales; una extensión razonable que garantice la verificabilidad; condiciones que faciliten el suministro de la logística; distantes de áreas de frontera; y que no estén ubicadas en parques naturales, áreas de infraestructura estratégica, cultivos ilícitos, explotación minera, grupos étnicos y resguardos indígenas”.
Con otro concepto, también habrán campamentos que están definidos con un área de cuatro hectáreas (200 metros x 200 metros) y estarán ubicados así:
Guajira: Fonseca
Antioquia: Vigía del Fuerte
Chocó: Riosucio
Cordoba: Tierra Alta
Cauca: Corinto
Caqueta: San Vicente
Meta: Losada, Macarena
En total, serán nueve campamentos que concentrarán guerrilleros en ocho departamentos y que se unirán a las ZVTN que están repartidas en zonas de clara influencia histórica de las FARC. Según aclaró el Ministerio de Defensa, el desplazamiento de los miembros de la guerrilla hacia estas áreas tendrá unos protocolos y unas líneas de tiempo para garantizar que se haga de manera tranquila para la población civil y para quienes se desplacen.
Tras la euforia que ha generado en Colombia y el mundo el anuncio del fin al conflicto entre Gobierno y FARC, ahora se vienen retos muy importantes que involucran al país y que se convertirán en un reto importante para la aplicación de los acuerdos logrados en La Habana.
Cabe recordar que ayer se acordó entre Gobierno y FARC el cese al fuego bilateral, la entrega de armas por parte de la guerrilla y los métodos de desmovilización y seguridad para los guerrilleros desmovilizados, pero aún faltan temas por definir para llegar al acuerdo final como el tribunal de justicia que juzgará los delitos de las FARC y la forma en que el pueblo colombiano validará los acuerdos logrados.
Aunque las FARC ya aceptaron al plebiscito como método refrendatorio, aún faltan las aprobaciones respectivas de la Corte Constitucional para poder hacer efectivo el mecanismo popular que el Gobierno espera poder aplicar en septiembre.
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