Colombia.- El procurador general señala la corrupción como "la peor amenaza a la democracia en América Latina"

"La peor amenaza que tiene en estos momentos la democracia en América Latina es la corrupción, desde el punto de vista de la legitimidad del sistema político y de la forma en que frena el crecimiento, retrasa la lucha contra la desigualdad e incrementa la pobreza", ha dicho en el marco de la Conferencia Iberoamericana sobre Derechos Humanos y Ciudadanía celebrada en Casa América.

El también ex ministro de Justicia ha considerado que "la corrupción estaba enquistada en el ADN" de la región como herencia de la figura histórica del virrey, que se repicó de algún modo en la Presidencia de la República. Y, posteriormente, en el caso colombiano "el humo del conflicto (armado) no dejó ver la corrupción".

Pero, con la consolidación de las democracias latinoamericanas, la corrupción ha aflorado evidenciando que se trata de una "epidemia" que, en opinión de Carrillo, no se limita al sector público --"el tradicional sobornito al funcionario"--, sino que afecta también a los actores privados.

A este respecto, ha mencionado el caso de la constructora brasileña Odebrecht, investigada en varios países latinoamericanos por pagar sobornos a cambio de contratos públicos. En Colombia, ha explicado, intentó saldar "la cuenta" con 30 millones de dólares (27 millones de euros) y, gracias a las acciones judiciales, se ha revelado una factura de 5 billones de pesos (1.338 millones de euros).

Carrillo ha advertido de que la corrupción es igualmente una amenaza para las elecciones locales y regionales que se celebrarán el próximo 27 de octubre en Colombia. "Hemos descubierto que hay 800.000 cédulas de identidad --el documento de identidad-- que fueron llevadas de un municipio a otro para cambiar los resultados", ha ilustrado.

Además, ha combatido la idea de que la corrupción "es una enfermedad tropical" limitada a América Latina, sosteniendo que en realidad se trata de "una enfermedad inoculada" desde los países desarrollados y sus grandes empresas.

En este contexto, ha abogado por usar las nuevas tecnologías, que ahora "usa más el crimen organizado que la institucionalidad pública", para aplacar la corrupción. Como ejemplo, ha apuntado al método 'blockchain' --que se está implementando en Colombia-- para garantizar la transparencia en la adjudicación de contratos públicos, entre otras cosas, "limitando al máximo la intervención humana".

Asimismo, ha instado a "involucrar al sector privado", no solo desde una perspectiva de "tranquilidad de conciencia", en la que ha enmarcado los programas de responsabilidad social, sino con consecuencias reales. En este sentido, ha reclamado una sanción penal para las personas jurídicas.

"Ojalá podamos llegar a un escenario en América Latina para demostrar que sí se puede hacer política con las manos limpias en nuestros países", ha remachado.