Era un secreto a voces, pero al fin parece haber llegado a su final. Desde hace varios años, una sombra cubría el mundo del cine patrio. Una sombra que la Fiscalía ha decidido despejar.
Situémonos. En España, como en la mayoría de países del mundo, el gobierno destina una cantidad de dinero a las ayudas al cine. Estas subvenciones pretenden fomentar una industria de gran importancia a nivel económico y cultural, lo que en otros estados funciona a las mil maravillas. El problema en España es que tales ayudas se otorgan en función del número de entradas vendidas por un filme. Esto significa que si vendías “x” número de entradas, el estado te da “y” cantidad de dinero, de tal forma que a mayor “x”, mayor “y”. Evidentemente existe un tope para esas sumas económicas entregadas, ya que la idea es la de cubrir una parte del coste de la película. El problema es que, hecha la ley, hecha la trampa.
Desde hace años es de dominio público el hecho de que algunas distribuidoras y productoras hacían sus particulares amaños con las exhibidoras. Esto significa que, pese a que en las salas de cine donde se proyectaba una película no hubiese prácticamente nadie, el acuerdo ambas partes hacía que tal exhibidora reportase unos datos ficticios en los que se apuntaba al lleno de las salas. Traducido al castellano, que se alteraban las cifras de espectadores por acuerdo mutuo para que se pudiese aspirar a la subvención.
Ahora parece haber llegado el final de esa práctica. La denuncia de los trabajadores de una exhibidora ha sido el paso que la Fiscalía esperaba para comenzar una causa contra más de treinta películas en los últimos tres años, a las que se le reclama la devolución de decenas de millones de euros por fraude. Pese a que no se conocen los títulos concretos, lo cierto es que son muchas producciones sobre las que se actuará y no pocas las que se irán sumando a esta causa.
A pesar de que nuca se había podido actuar directamente contra estas prácticas, lo cierto es que todo el mundo sabía de lo habitual de tal fraude, por lo que la nueva Ley de Financiación del Cine ya apuesta por un cambio en el que las ayudas dejan de ir en función de la taquilla. Veremos como resulta.
Sea como fuere, lo cierto es que el cine patrio lleva años demostrando que somos muy capaces de firmar grandísimos trabajos y, al fin y al cabo, la mayoría de trabajos están libres de toda sospecha, por lo que la actuación de la Fiscalía debería servir para limpiar de desaprensivos un sector que sigue creciendo a pasos agigantados.