El Banco de España es una de las pocas voces que de forma recurrente pone cierta dosis de cordura a los políticos cuando hablan de gastarse el dinero de todos los españoles. Esta vez, y ya van dos en menos de dos meses, la advertencia la ha hecho a la Comisión del Pacto de Toledo, que trabaja en la reforma del sistema de pensiones: vincular al IPC anual la revalorización de las mismas es totalmente inviable.
Una vez aprobada la fusión CaixaBank y Bankia, los inversores que tienen contratados planes de pensiones en estas entidades financieras se preguntan cómo les puede afectar esta nueva situación. En primer lugar, el patrimonio total de estos planes en toda España a fecha 30 de junio de 2020 era de casi 112.000 millones de euros, por lo que de esta reorganización bancaria surge la primera gestora de fondos de pensiones de España y probablemente de Europa, con un patrimonio conjunto de más de 37.000 millones de euros.
Las propuestas para garantizar el sistema público de pensiones que José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha planteado a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo no incluyen, como me esperaba, mención alguna a la trasposición a la ley española de la normativa sobre los planes de pensiones privados paneuropeos.
Se acerca la reunión en la que el Gobierno, patronal y sindicatos debatirán sobre el actual modelo de pensiones y las posibles soluciones a la inminente quiebra del mismo. Más vale tarde que nunca. Entre medias, el gobernador del Banco de España ha vuelto a alertar, esta vez ante la Comisión del Pacto de Toledo, sobre las consecuencias que tendría una reforma basada en aumentar el déficit para garantizar el pago de las prestaciones.
