Desde hace algún tiempo, en realidad desde que cundió el desconcierto al conocerse los resultados exóticos (para nuestro país) de las elecciones generales de diciembre de 2015, estamos avanzando por un túnel sinuoso y oscuro, en busca de nuevas claridades, que no conseguimos encontrar. El panorama está enturbiado por una evidente impotencia institucional a la hora de encontrar equilibrios políticos que permitan desarrollar cabalmente la representación democrática y avanzar hacia el futuro, sin vaivenes ni zigzags. Y aunque la recuperación económica enmascara las carencias políticas, es claro que no atinamos en la definición de unos vectores de futuro que adapten la evolución política a los nuevos parámetros de partida. De momento, en lugar de atisbarse poco a poco un horizonte practicable a medida que avanzamos, todo son indicios de que hemos errado el camino o estamos a punto de hacerlo.

El famoso whatsapp de Cosidó, más que probable reenvío del que el senador recibió de un exministro sin principios, que ha hecho estallar y saltar en pedazos el inestable y dudoso proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (es bien evidente que PP y PSOE, ambos debilitados por el surgimiento y la presión de los nuevos partidos, se apuntalaban recíprocamente en este designio), resumió una indignidad que era anterior al mensaje mismo. Es obvio que la información que lanzó a sus conmilitones del Senado el antiguo director general de la Policía en tiempos de Fernández Díaz era previa a su difusión, y que, más o menos tergiversada, compendiaba expresivamente el acuerdo poco decoroso que estaba a punto de prosperar. Como mínimo, hay que pensar que los negociadores que llegaron a aquella fórmula de nueve consejeros conservadores por once progresistas y el contrapunto de un presidente conservador de prestigio habían forcejeado descarnadamente sobre el alcance de su propio ascendiente sobre las instituciones judiciales, sobre los nombramientos ulteriores y sobre la formación de los altos tribunales. De algún modo, la indignidad revelada por Cosidó era equivalente a la revelación del niño inocente que rompe el ensalmo en el cuento de Hans Christian Andersen El rey desnudo, también titulado más púdicamente “El traje nuevo del emperador”.

La noticia de que estábamos asistiendo a una gran manipulación contamina, primero, a quien ha sido descubierto infraganti en la comisión del desmán: Cosidó encarna lo peor de un PP que ha sido arrojado del poder por corrupción, que acaba de ser zarandeado por el Constitucional por no haberse querido someter a control parlamentario en las etapas de provisionalidad y que no ha aprendido la lección, según parece. Pero hay que huir de interpretaciones ingenuas y que advertir que lo sucedido afecta a todo el sistema político. Porque la distorsión de la que nos hemos dado cuenta hipócritamente (todos estábamos en realidad al cabo de la calle) pivota sobre dos elementos: de un lado, la llamativa aceptación pasiva por los jueces de una adscripción ideológica; sus señorías aceptan de buen grado la etiqueta “conservador” o “progresista” que no tiene nada de abstracta puesto que representa una alineación clara con los partidos correspondientes. De hecho, se ha visto con naturalidad, desde dentro y desde fuera de la magistratura, como tanto el CGPJ como el Tribunal Constitucional eran en cierto modo trasuntos del parlamento, por lo que mimetizaban su correlación de fuerzas. Es claro que esta concepción de la división de poderes resulta en la práctica incompatible con el hecho de que el poder judicial controle jurisdiccionalmente a los otros dos poderes del Estado.

De otro lado, parece evidente que la división clásica de Montesquieu ha sido sustituida por el sobreentendido beligerante de que la clase política, el establishment formado por los profesionales de lo público, debe someter no sólo a los tres poderes del Estado, incluido el judicial, sino a todas las instituciones de control, desde el Tribunal Constitucional a la CNMV y CNMC. La teoría anglosajona, anterior incluso a la Revolución Francesa, de los “checks and balances” que sostiene la democracia y que menciona de tanto en cuanto el mismo Trump a manera de coartada, aquí se ha ocluido completamente.

Así las cosas, la reacción del PP, que arrastra al Gobierno y al PSOE, ha sido la de poner en cuestión el actual sistema de elección del CGPJ. Casado ha dicho que quiere regresar a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, sin duda más ajustada a la literalidad de la Constitución, que dejaba la elección de doce vocales directamente en manos de los “Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”, y que fue reformada en 1985 para que los veinte vocales fueran elegidos por el Parlamento. La propuesta de Casado omite sin embargo que la experiencia de 1980 fue frustrante: los doce vocales elegidos por los jueces eran conservadores, pertenecientes a la mayor asociación judicial. De ahí proviene seguramente el sentido patrimonial del PP con respecto a la judicatura.

Es evidente que el problema al que hay que enfrentarse no está relacionado con el modelo electoral utilizado para formar el CGPJ sino con la actitud de la clase política. Si esta está dispuesta a prescindir del fraudulento sistema de cupos y a atender exclusivamente a argumentos de mérito y capacidad, el problema se resolverá. De otro modo, es claro que no tiene solución. Y la crisis del sistema puede alcanzar proporciones devastadoras.

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