No es exagerado decir que el tercer poder del Estado, el judicial, cuyo prestigio permanecía inamovible a pesar de ciertos defectos estructurales en su funcionamiento —el gobierno del sistema mediante el Consejo General del Poder Judicial no está bien resuelto— y de algunos fallos ocasionales, se ha desmoronado a los ojos de la ciudadanía a causa del dislate orquestado por su presidente, Carños Lesmes, a instancias del presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, el constitucionalista Luis Díez-Picazo

El término que mejor define la pirueta judicial en torno al pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las operaciones hipotecarias es desfachatez. Lo que el ciudadano ha visto con creciente perplejidad a medida que se desarrollaban los acontecimientos admite un relato bien simple: cuando unos jueces de la sección tercera, especializados en derecho financiero, habían dictado tres sentencias que perjudicaban a la banca ya que cargaban sobre ella el pago del referido tributo (en el fallo sentenciador que resolvía unos recursos se ponía de manifiesto que el reglamento vigente no se ajustaba al a ley del que emanaba), el referido presidente de la Sala Tercera, Luis Díaz-Picazo,  saltaba como un resorte y emitía una insólita nota que detenía todos los procedimientos análogos en curso y convocaba el plenario de la Sala para reparar con urgencia el desmán. Reunida esta, y a pesar de que las anteriores sentencias eran firmes, el Tribunal cambiaba de nuevo radicalmente su doctrina por escaso margen (como si el bien y el mal pudieran alcanzar casi el equilibrio en la balanza de la ética), liberaba a la banca de su pesada carga y volvía a depositar el impuesto sobre los hombros de los sufridos ciudadanos. Todo ello, ante la mirada expectante del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, un ciudadano entre cuyos principales méritos está el de haber sido cargo de confianza –director general— durante los ocho años de Gobierno de José María Aznar.

Este dibujo se podrá modular, edulcorar y aun explicar, pero la impresión política que la opinión pública tiene del caso es la mencionada: el Tribunal Supremo ha corrido –literalmente— en socorro de la banca, de los poderosos, conforme ordena el sagrado orden de la naturaleza. De una banca que –no se olvide— nos ha costado más de 50.000 millones de euros en plena crisis porque el sistema corrupto que la sostenía llevó a la quiebra a la mayoría de las cajas de ahorros, instituciones gobernadas por una sospechosa alianza entre el poder político y el financiero. Finalmente, ha tenido que ser el poder Ejecutivo, el que, animado por los partidos políticos, ha debido aplacar a la ciudadanía y restablecer la seguridad jurídica lanzando un decreto ley que carga el impuesto en la cuenta de las entidades bancarias. Una parte del poder judicial, encabezada por Jueces para la Democracia, ha pedido sin éxito la dimisión de Lesmes, y numerosos miembros de la magistratura han expresado más o menos explícitamente su malestar por unos hechos que ponen en almoneda la independencia judicial.

Pese a comportamientos sospechosos debidos a un régimen de incompatibilidades demasiado laxo y a un sesgo político indeseable del que no se ha podido liberar el Consejo General del Poder Judicial, también presidido por cierto por el señor Lesmes, la corrupción, que se ha cebado en los poderes legislativo y ejecutivo, había dejado prácticamente indemne hasta ahora al judicial, que por ello estaba siendo visto como el verdadero baluarte del prestigio del Estado (el caso de Pascual Estevill, condenado por cohecho y prevaricación, que llegó al CGPJ, era la excepción que confirmaba la regla). Muchos de quienes hicieron de la nación su cortijo están hoy en prisión. Gracias a la firmeza de los jueces, en su inmensa mayoría profesionales íntegros que actúan conforme a la ley y deciden sin atender a presiones en la soledad de su conciencia, el sistema ha conseguido sobrevivir al relajamiento moral del establishment.

Pues bien: esta aura de prestigio ha desaparecido súbitamente, el Poder Judicial se ha puesto ostensiblemente de parte de los poderosos en un pleito artificial que ha adquirido gravedad y envergadura por el inaudito salto en el trapecio de un presidente de Sala, y a la postre han tenido que ser los otros poderes (todavía no repuestos de los últimos escándalos) los que han salido aparatosamente en socorro de los menos favorecidos. Pablo Casado, sin ir más lejos, no ha tenido el menor empacho en salir a pescar a río revuelto y anunciar que piensa suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados, que por cierto beneficia a las comunidades autónomas. Un puñado de votos bien vale un exceso demagógico.

Todo esto no sería más, en el fondo, que un hito más o menos digerible en el inquietante zigzag de este país si no estuviera al fondo el conflicto catalán, que de momento debe discurrir por frondas judiciales antes de que quepa cualquier posibilidad de una negociación política. El asunto ya ha quedado afectado por la esperable sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha admitido las dudas razonables que planteaba la presencia de la juez Ángela Murillo en el juicio a Otegi por el ‘caso Bateragune’ –la reconstrucción de la mesa nacional de Herri Batasuna, proscrita por la ley— en la imparcialidad del tribunal, lo que ha permitido al foro europeo declarar que Otegi no tuvo un juicio justo y pone en bandeja al condenado solicitar al Supremo la revisión del proceso (Ángela Murillo había tenido una actuación imprudente en un juicio anterior a Otegi que permitía deducir prejuicios contra el reo).

Pues bien: ese mismo Supremo que está hoy en la polémica y en la picota es el que deberá juzgar el ‘caso 1-O’, en el que se piden penas de hasta 25 años para una muchedumbre de inculpados por rebelión, malversación, desobediencia y otros delitos en un procedimiento con fuerte carga política, que versa sobre asuntos en los que no hay precedentes reales ni jurisprudencia, y en un clima de desconfianza en que los inculpados niegan toda legitimidad al tribunal. Es obvio que la sentencia que pronuncien será hoy mucho más frágil que ayer, ya que la credibilidad del tribunal sentenciador ha caído en picado, tras la aparente inclinación de la cúpula judicial hacia los códigos socioeconómicos más reaccionarios, en un gesto que ha adolecido de precipitación y falta de pudor.

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