El conflicto catalán ha salido hace tiempo de los cauces de la racionalidad, y ello dificulta el hallazgo de una solución paccionada. Los sentimientos identitarios exacerbados del más rancio y conservador nacionalismo se han unido a la radicalidad de grupos antisistema que en realidad buscan experimentar fuera de los cánones políticos e ideológicos de la Unión Europea,  y frente a estos actores desaforados es imposible una negociación cabal, basada en valores democráticos, en pactos trascendentes ya suscritos y plenamente en vigor (la Constitución de 1978), en la necesidad de que el peso de la mayoría no abrume a la minoría, sobre todo cuando una y otra son comparables en magnitud.

Las cosas están así de turbias, pero la respuesta del sistema a este reto no puede ofrecerse en los mismos términos a los que recurren los ultranacionalistas, los de la vehemencia testicular que no se aviene a razones: por fuerza, el Estado ha de descender a la serenidad del dialogo y del debate, por ingrato que resulte el experimento, porque las instituciones deben cargarse de razón. Porque al margen de esta vía civilizada, sólo hay otra, abrupta y violenta, que debemos negarnos a recorrer porque hacerlo significaría que no hemos aprendido nada desde aquella década de los treinta en que nos ocurrieron todos los desastres.

Así las cosas, y aunque estemos todos convencidos de antemano de que las ofertas que puede realizar el Estado no van a colmar jamás las aspiraciones desaforadas que el día 4 enunció Torra en su discurso inaugural de la ‘temporada’, los demócratas de este país no tenemos más remedio que abordar el asunto con las herramientas políticas de que disponemos. Y en este sentido, el análisis que ha desempolvado Pedro Sánchez es plenamente operativo: el conflicto, aunque complejo, tiene su origen directo en un contrasentido producido por el propio sistema constitucional: los catalanes están sometidos hoy a un Estatuto de Autonomía considerablemente diferente al que votaron en referéndum. La irritación está en fin justificada.

La historia es conocida y es la siguiente: el tripartito catalán (PSC, ERC, ICV) que se formó tras las elecciones autonómicas de 2003 (a las que ya no se presentó Jordi Pujol y que ganó en votos el PSC aunque CiU obtuvo más escaños con Artur Mas al frente), impulsó una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que adoleció desde el primer momento (hay que recordarlo) de un defecto sectario: el Pacto del Tinell (14 de diciembre de 2003) que dio sustento a aquel gobierno y marcó la senda de la reforma estatutaria contenía una cláusula que prohibía cualquier aproximación al PP, un partido que se consideraba apestado (la radicalidad de Aznar había sido insoportable, pero nada podía justificar aquella exclusión). En 2005, Maragall ya reconocía que aquel relegamiento fue un error.

Pues bien: tras la victoria de Zapatero en las elecciones generales de 2004, las fuerzas catalanas, salvo el PP, comenzaron la elaboración del Estatuto, que fue sucesivamente aprobado después de arduas negociaciones por el Parlamento de Cataluña y por el Parlamento español. Las conversaciones directas entre Artur Mas y Rodríguez Zapatero fueron decisivas en el logro del acuerdo. Y el 18 de junio de 2006 se celebró el preceptivo referéndum catalán de ratificación del texto estatutario por los ciudadanos de Cataluña. La verdad es que no hubo gran entusiasmo: el sí ganó con el 73,90% de los votos, hubo más de un 5% de votos en blanco y la abstención fue mayoritaria puesto que  ascendió al 50,59%.

Pero el 31 de julio de 2006, el PP (como otras seis instituciones, entre ellas el Defensor del Pueblo) presentó un recurso de inconstitucionalidad, en el que se recurrían 114 de los 223 artículos y 12 disposiciones del Estatuto, que después de una larga historia de abundantes presiones en el seno del propio Tribunal (hubo recusaciones lamentables, que se cruzaron entre los partidos) se resolvió mediante la sentencia 31/2010 en que el TC declaró 14 artículos inconstitucionales e interpretó otros varios conforme a unas pautas determinadas. El TC mutiló, pues, el Estatuto, enmendó la plana al pueblo de Cataluña, en virtud de un sistema jurídico-constitucional descabellado que hizo posible el referéndum antes de que el texto se sometiera a contraste de constitucionalidad.

Semejante “agravio” –es legítimo que lo interpreten así los nacionalistas— sólo se resuelve mediante una revisión del desmán. Los catalanes tienen que votar otra vez un nuevo texto acordado entre ellos y con el Estado, sin descartar que para tal acuerdo haya que proceder primero a una reforma constitucional, recurriendo lógicamente a las propias previsiones de la Carta Magna que establecen los procedimientos. De hecho, muchos juristas piensan que Maragall se equivocó al presentar un proyecto de Estatuto muy ambicioso que, para ser legal, hubiera debido ir precedido de una reforma constitucional del Título VIII.

En otras palabras, hay que ofrecer a los catalanes una reforma estatutaria en el marco constitucional —en el actual o en otro modificado, siguiendo lógicamente las pautas de reforma constitucional que la propia Carta Magna contiene en su título X—, que puedan ratificar en el seno del gran pacto fundacional. Y si el acuerdo requiere una reforma constitucional –por ejemplo, el acceso a un modelo federal a la alemana- entonces seríamos todos los españoles quienes ratificaríamos la reforma mediante el plebiscito previsto. El camino es complejo, pero si a ustedes se les ocurre otro mejor para resolver el conflicto, díganlo cuanto antes: el caso no puede esperar.

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  1. Un referéndum para Cataluña – Que pasa en

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