En los últimos años, la mayoría absoluta del PP fue el catalizador de una eclosión independentista en Cataluña que, por fortuna, parece haberse detenido pero que ha dejado un notable rescoldo que no parece que vaya a extinguirse espontáneamente. No parece por tanto aventurado afirmar que el conflicto catalán, hoy inflamado, remitirá muy difícilmente si desde la otra parte –es decir, desde el Estado- no se adopta una actitud dialogante y constructiva, encaminada —por utilizar unas palabras recientes del constitucionalista Muñoz Machado— a “consensuar una gran reforma, que mejore lo establecido, recree la legalidad constitucional, fortalezca las instituciones y rearme a los políticos y a los ciudadanos con nuevas ilusiones”.

La Constitución de 1978, toda ella improvisada con las mejores intenciones, acertó a canalizar unas tensiones que venían de antiguo, que no se habían resuelto durante el período republicano y que no estaban definidas completamente, por lo que hubo que tantear las diversas soluciones posibles hasta introducir un modelo de apariencia provisional, el del estado de las autonomías, que ni siquiera quedó dibujado del todo en la Carta Magna, que se limitó a describir en el Título VIII el procedimiento que debía seguirse para materializarlo. El proceso ulterior, tras el golpe de Estado de 1981, aunque abortado parcialmente por el Constitucional, fue de “armonización”, es decir, de relativa recentralización y de igualación de competencias, a excepción de los territorios forales, una modalidad a la que no quiso adherirse la Cataluña de entonces, que mantuvo su singularidad, resguardada por una disposición adicional de la Carta Magna.

Lo evidente es que en Cataluña existe un potente movimiento independentista que reclama la autodeterminación –el ‘derecho a decidir’—, y que, según las encuestas y los pasados resultados electorales, equivale cuantitativamente al sector no independentista (existe por tanto una fractura en dos mitades, y no, como a veces parece, una mayoría independentista). Las reclamaciones están siendo contenidas por el Gobierno mediante apelaciones al Tribunal Constitucional, pero esta no es la solución porque, como acaba de recordarse, dicha institución, en una de las primeras sentencias sobre el particular, dejó claramente sentado que “corresponde a este órgano asegurar que se respeta el orden constitucional” pero “son los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito”. En otras palabras, la crisis actual no se resolverá judicializándola sino emprendiendo la vía del diálogo y la negociación.

La crisis actual no se resolverá en los tribunales, sino a través del diálogo y la negociación

La reforma podría encarrilarse de distintas maneras, todas con sus ventajas e inconvenientes. La vía federal permitiría mayores cotas de autogobierno a los entes federados pero no es del agrado de los soberanistas y crearía problemas en los territorios forales, que ya tienen su propio régimen. Cabe asimismo otorgar a Cataluña un estatus especial mediante una nueva disposición adicional a la Constitución semejante a la primera, que declara que “la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” (esta es la solución preferida por algunos constitucionalistas de prestigio como Herrero de Miñón). Podría finalmente ensayarse algún elemento confederal que resolviera los problemas semánticos que también aparecen insidiosos en esta clase de asuntos. Y evidentemente, cualquier decisión que se adopte debe incluir una reforma del Senado, hoy una cámara inútil y que debe servir precisamente para dar consistencia y coherencia interna a la organización horizontal del Estado.

Sea como sea, al arrancar la legislatura se ha sugerido la creación de una comisión parlamentaria para la reforma constitucional y la reforma del modelo de organización territorial, en que los diputados pudieran convocar a los expertos en la materia e iniciar un debate abierto hasta conseguir un amplio acuerdo audaz y prudente a la vez. La actual pluralidad de la cámara baja debería facilitar esta empresa, que es evidentemente imposible cuando aparecen mayorías absolutas dispuestas a hacer valer en exclusiva su propio criterio, pero el asunto ha tropezado con la demanda por los nacionalistas catalanes de una subcomisión para pactar el referéndum de autodeterminación con el Estado, algo que las fuerzas estatales no concederán en ningún caso (sólo Podemos está a favor). Ello ha paralizado por el momento las iniciativas.

La pluralidad de la cámara baja puede facilitar la reforma constitucional

Qué reforma constitucional

En 2006, el Consejo de Estado, presidido a la sazón por el ilustre jurista Francisco Rubio Llorente, hizo público un voluminoso “Informe sobre modificaciones de la Constitución Española” efectuado a requerimiento del Gobierno, presidido entonces por Rodríguez Zapatero, quien había llevado la reforma constitucional en su programa electoral socialista. En aquel análisis se examinaron cuatro grandes cambios: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al Trono; la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, que había quedado al margen en 1978; la inclusión en el texto de la denominación de las Comunidades Autónomas que se habían formado al amparo del Titulo VIII de la Constitución, y la reforma del Senado, para convertirlo en auténtica cámara de representación territorial.

En aquella coyuntura, no hubo clima propicio para llevar a cabo tal reforma, que ya se pretendía entonces –se dijo cumplidamente— implementar mediante un amplio consenso como condición sine qua non para abordarla.

Hoy, aquellas carencias siguen pendientes de resolución, aunque sólo habría un verdadero y perentorio conflicto si los Reyes de España engendraran un vástago varón, que según la Carta Magna vigente se convertiría inmediatamente en el heredero. Pero las necesidades de reforma constitucional más relevantes van por otro camino, y hoy no tendría sentido un cambio constitucional que no estuviese encaminado a mitigar y encauzar –que no necesariamente resolver— el conflicto catalán.

El encanallamiento de la cuestión catalana es asunto complejo, pero más allá de sus circunstancias específicas –el desquiciamiento del catalanismo político, los efectos del ‘caso Pujol’ sobre el nacionalismo catalán, el surgimiento de un partido antisistema y ultranacionalista seguramente sobredimensionado, etc.—, parece clara la existencia de una generalizada irritación que trasciende del ámbito del independentismo y que se ha instalado en buena parte de la sociedad catalana más moderada. Es curioso constatar que las encuestas denotan la existencia de una fractura entre dos comunidades de idéntico tamaño, una independentista y la otra no, que se inscribe sobre una realidad social en que predominan con claridad quienes sienten la doble identidad catalana y española. Asimismo, es significativo el muy elevado el porcentaje de quienes quieren ejercer mediante referéndum el “derecho a decidir”, muchos más que los propios independentistas. Todo ello dibuja la realidad de una sociedad airada, irritada, que se considera maltratada y postergada, con razón o sin ella. Y no sólo hay frustración económica en este encendimiento: los catalanes piensan que el Estado está empeñado en ejercer una hegemonía cultural que empequeñece los rasgos autóctonos y se entromete en intimidades que sólo deberían concernir a los catalanes.

La cuestión catalana trasciende del ámbito del independentismo

Así las cosas, parece evidente que la solemnidad de una reforma constitucional podría restaurar la relación, restañar las heridas, otorgar a los catalanes plena soberanía sobre la administración de su identidad diferencial en los aspectos culturales y educativos que han sido objeto de querella. El sistema de financiación autonómica requiere una negociación multilateral en el seno del Estado autonómico, pero estos agravios subjetivos pueden y quizá deben resolverse en la negociación constitucional, lo que aliviaría unas tensiones que pueden derivar en irremisible ruptura.

Hay propuestas sobre la mesa: el PSOE ha propuesto un cauce hacia el federalismo y Herrero de Miñón propone que se añada una disposición adicional a la Carta Magna reconociendo las singularidades históricas de Cataluña, como se ha hecho con los territorios forales. Ya se sabe que los radicales –ERC, la CUP- no se avendrán a razones, pero sí es posible encontrar la receptividad del núcleo duro de la sociedad y de la política catalanas. En este sentido, sí es razonable plantear la reforma constitucional, que, de paso, podría resolver todos los demás anacronismos.

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