La juez Mercedes Alaya ha acordado la imputación de otras 16 personas en el caso de los EREs de Andalucía. Entre ellos se encuentran el exsecretario general de UGT en Andalucía Francisco Fernández Sevilla, el responsable de Acción Sindical de CCOO en Sevilla, Francisco Figueroa y otros sindicalistas, según informa El Mundo.
Fernández había dimitido de su puesto en el sindicato tras estallar el escándalo de las facturas falsas que justificaron las ayudas millonarias que la Junta de Andalucía le concedió a la organización.
En el auto al que ha tenido acceso Efe, la juez analiza las ayudas a las empresas Altadis y A-Novo Comlink concluyendo que, en la primera, hubo al menos 15 irregularidades y que, en la segunda siguió el “sangrado continuo de fondos públicos”.
Los líderes de UGT y CCOO que firmaron el compromiso de pago en diciembre de 2004 con la Junta a Altadis, entre ellos Francisco Fernández, comparecerán de acuerdo a un calendario que ha establecido Alaya entre el 14 y el 18 de julio.
Entre los declarantes están Alfonso Ruiz-Mateos, sexto hijo del dueño de Nueva Rumasa, por las ayudas a Dhul; José Antonio Gómez Romón, conocido como “Pizo” Gómez, y dos presuntos testaferros: José Enrique Rosendo y José María Sayago.
Asimismo, la juez rechaza la petición de la Junta de imputar al empresario Alfonso Seoane, pues “en este caso su participación se habría limitado a ostentar cargos en las sociedades” de Rosendo y Sayago, según afirma.
FIANZAS CIVILES
Mercedes Alaya ha impuesto fianzas de responsabilidad civil que suman 367.142 euros a seis de los imputados en el caso, entre ellos, Luis Javier García de los Reyes, exdirigente del sindicato UGT en Jaén, para quién la cuantía asciende a 30.000 euros.
Según un auto consultado por Europa Press, la juez ha tenido en cuenta, a la hora de fijar el importe de la fianza más elevada, la de Alfredo Pérez, la resolución de la Consejería de Empleo de 20 de marzo de 2012, donde se especifica que las cantidades percibidas por el imputado ascendían a 107.221,9 euros.
Además, concluye que “hubo concierto” entre José Ángel Martín Moreno, administrador único de Gestifesa y el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, para "defraudar a la administración a través de una resolución impropia y arbitraria de Guerrero, con total ausencia del procedimiento legalmente establecido [expediente de contratación] con el fin último de apropiarse de patrimonio público".
Y.R.