MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una iniciativa para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a adoptar, de forma urgente, cuantas medidas sean necesarias para "corregir los obstáculos" que pudieran derivarse "de la discriminación tarifaria aprobada por Correos en los envíos de publicaciones periódicas que forman parte del Servicio Postal Universal".
Así lo ha dado a conocer la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), que ya presentó ante la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) una denuncia contra Correos porque en sus tarifas de 2018, a su juicio, "incumple los principios del Servicio Postal Universal al discriminar y encarecer una media del 30% algunos de sus envíos a los 22 millones de ciudadanos que viven en los municipios menos poblados".
De este modo, el PSOE quiere que el Gobierno apruebe el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, "fijando un servicio universal de calidad suficiente para atender a las demandas de los ciudadanos, usuarios y empresas, garantizando el coste real de la carga financiera injusta del servicio postal universal, la prestación del servicio postal universal de calidad y regularidad, así como la red física que le da soporte, con especial atención al ámbito rural, y a través de una financiación adecuada".
En su exposición de motivos, recogida por Europa Press, los socialistas indican que, en la resolución de 30 de diciembre de 2017, el Consejo de Administración de Correos aprobó las nuevas tarifas que se aplican en el año 2018 donde, como novedad, fija dos zonas diferenciadas (A y B) a los efectos de aplicar distintos importes en los envíos de publicaciones periódicas.
Asimismo, el PSOE destaca que la denominada 'zona A' se aplicaría a destinos locales, capitales de provincia, localidades con administraciones de Correos y poblaciones de más de 50.000 habitantes; y la denominada 'zona B', que se aplicaría al resto de destinos.
"En todos los tramos de peso, las tarifas de la zona B son aproximadamente un 30% más caras que las de la zona A, y el número de destinatarios a los que afecta en torno a 22 millones de personas. La AEEPP ya ha informado que las empresas editoras, al no poder asumir el incremento de coste, se verán obligadas a repercutir sobre los usuarios, el incremento del coste de distribución", ha señalado.
Desde el punto de vista de los socialistas, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, regulado en el artículo 20 de la Constitución Española, "podría verse afectado por una discriminación tarifaria que afectaría a determinadas publicaciones cuya distribución puede verse entorpecida por importantes incrementos tarifarios en función de las características de la población, de la residencia del suscriptor de las mismas".