Planificación Familiar advierte que Interior podría no cumplir la legalidad al retirarle la declaración de utilidad

La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) ha advertido este lunes que el Ministerio de Interior podría no cumplir con la legalidad al revocar su declaración de utilidad y ha señalado que se reserva su derecho a emprender acciones legales contra esta decisión. Asimismo, ha rechazado las acusaciones por financiarse con publicidad ilegal y ha defendido que los medicamentos anunciados están autorizados por las autoridades sanitarias.

En un comunicado, Planificación Familiar ha denunciado las "acciones mediática de acoso" llevadas a cabo por la asociación de Abogados Cristianos, que fue la que presentó el recurso contra la declaración de utilidad pública, y ha censurado la "gran celeridad" del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz para adoptar esta decisión, de la que se han enterado, además, por su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, la FPFE ha alegado que la revocación de la declaración de utilidad pública exige la tramitación de un procedimiento administrativo, con audiencia del interesado, que debe someterse a informe de los ministerios o de las administraciones públicas competentes en relación con los fines estatutarios y actividades de la entidad en cuestión, y dicha decisión corresponde adoptarla al Ministro del Interior. "Ninguno de dichos trámites se ha cumplido", ha denunciado.

Así, Planificación Familiar ha recordado que la revocación ha sido decidida por el Subdirector de Recursos del Ministerio del Interior, estimando un recurso de reposición interpuesto "por una asociación no
legitimada para formularlo, sin recabar los preceptivos informes de los ministerios que habían informado previamente de forma favorable a la concesión de la declaración de utilidad pública de la FPFE y sin
conceder audiencia a la propia afectada".

FINANCIACIÓN ILEGAL

También ha salido en su defensa negando los argumentos alegados por Abogados Cristianos en su recurso relativos a que no puede ser de utilidad pública porque "promueve el aborto" y "se ha financiado de forma ilegal con anuncios que no están permitidos por la ley y que están sancionados por la Comunidad de Madrid".

Según la versión de Planificación Familiar, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid le sancionó el 14 de octubre de 2015 por la comisión de una infracción administrativa simple de grado mínimo por la publicación de medicamentos de prescripción médica en una revista y en su página web obteniendo por ello un beneficio de "0" euros. Cinco días después de haber sido notificada, los anuncios fueron retirados.

Asimismo, alega que "todos los medicamentos que, por fatal desconocimiento, fueron anunciados, están debidamente autorizados por la autoridad sanitaria y farmacéutica y, algunos, financiados por el Sistema Nacional de Salud".

Así, recrimina a Abogados Cristianos su "falso argumento para su criminalización" al hablar de financiación ilegal cuando se trató de una falta administrativa leve que la federación reconoció y subsanó ante la Consejería de Sanidad madrileña.

En cuanto a la supuesta defensa del aborto, la Federación reitera su compromiso para seguir defendiendo "el aborto seguro y legal" y ha incidido en que no gestiona ningún centro autorizado para la interrupción voluntaria del embarazo. En esta línea, que los centros jóvenes de anticoncepción y sexualidad (CJAS) en Barcelona, A Coruña, Albacete y Madrid "son conocidos por sus buenas prácticas y cumplen un papel de complementariedad con los recursos públicos de salud".

Tras denunciar "los efectos dañinos" para su actividad y posibilidad de búsqueda de recursos que esta "campaña de acoso" les está provocando, la Federación ha hecho hincapié en que a pesar de todo ello seguirá llevando a cabo sus actividades "a pesar de la persecución que pueda sufrir por ello".

"Las acciones por la que se nos persigue son la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el derecho de las mujeres a decidir", concluye.