"Cuidado. Esto no tiene que ser objeto de tan explícita batalla política", advierte
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, es partidario de esperar a la resolución del Tribunal Constitucional sobre la prisión permanente revisable antes de decidir sobre la derogación de este tipo de condena, incluida en el Código Penal por el actual Gobierno y recurrida por la oposición. En España se ha aplicado ya en dos casos, el último este viernes 23 de marzo.
"Convendría esperar a lo que diga el Constitucional y hacer un análisis sosegado de esta cuestión", afirma Fernández Marugán en una entrevista concedida a Europa Press, en la que analiza el debate social y político acerca de esta pena, que la semana pasada fue objeto de una bronca discusión en el Pleno Congreso de los Diputados. La Cámara Baja rechazó dos enmiendas de totalidad de PP y Ciudadanos que pretendían mantener la prisión permanente frente a la propuesta de PNV, que deroga esta figura y que continúa ahora su trámite parlamentario con las enmiendas al articulado.
LAS PENAS "YA SON ALTAS" Y "SE HAN ENDURECIDO"
El Defensor reitera que este tema "es mejor" que se analice una vez que el Tribunal Constitucional "haya dicho lo que tenga que decir", aunque "no será pronto". "Es el tema del conflicto en frío o en caliente, un método muy convencional y tradicional", comenta. A su juicio, las penas en España "ya son altas" y "se han endurecido", como así lo indica "un número destacado de profesores de Derecho Penal".
"Las penas se han endurecido desde el año 2015 para acá y, desde ese año, ha habido algunos actos de violencia extraordinaria, pero hay quien dice, y no es menos cierto, que ese tipo de casos muy espectacularmente graves son escasos", sostiene Fernández Marugán, que pide prudencia: "Cuidadito, esto no deber ser objeto de tan explícita batalla política".
"LOS PADRES SON LOS QUE MÁS DERECHO TIENEN A QUEJARSE"
Sobre la campaña de recogida de firmas y movilizaciones contra la derogación de la prisión permanente impulsada por los padres de Diana Quer, Mari Luz Cortés, Ruth y José o de la madre de Amaia y Candela, asesinadas por su propio padre, el primer condenado a este tipo de pena, el Defensor del Pueblo sostiene que "los padres son los que más derecho tienen a quejarse" .
"El dolor de los padres de estos niños y niñas es muy explícito. Y cuando uno u otro levanta la voz solamente cabe una actitud: Comprender el dolor de esas familias y escuchar con atención. Y poco más", afirma el Defensor, que insiste en que "hay que dejar que el tiempo transcurra, los análisis sean sosegados y que, el día de mañana, con un diagnóstico más bien atemperado, se llegue a una solución razonable".
El Defensor del Pueblo sostiene que más allá de llamar a la calma, la Institución que dirige no tiene que dar la solución a esta cuestión. "La solución en la Cámara, que la busquen en la Cámara", asevera.
"El grupo proponente, querrá mantener la iniciativa, otros han hecho lo posible por desear que el Constitucional lo resuelva pronto y hay quien, en esa dialéctica, ha querido correr para ver si se apuntaba algún tanto", apostilla el Defensor, que es partidario de abrir el debate "en el conjunto de instituciones que no se vean directamente afectadas".