Cáritas alerta ante la ONU de los efectos que la crisis ha tenido sobre los derechos humanos en España

La experta del Equipo de Incidencia y Comunicación de Cáritas Española Sonia Olea ha participado en la sesión como delegada de Cáritas Internationalis, y ha advertido de los riesgos que ha supuesto la crisis para el acceso y la protección de los derechos humanos de las personas en situación más vulnerable.

Concretamente, ha señalado la urgencia de "abordar un marco estructural de la emergencia habitacional que cientos de familias viven en España" con el fin de garantizar que se cumple el derecho a tener acceso a una "vivienda digna".

"Cáritas cree que el soporte necesario para ello pasa por la reforma en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria, así como la articulación de medidas estatales como un Pacto de la Vivienda", ha explicado la organización.

Además, en los referente a la legalización de las devoluciones sumarias de personas inmigrantes desde Ceuta y Melilla mediante la Disposición Final 1ª de la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, Olea ha pedido ante el organismo internacional la derogación de la norma.

"Toda persona, según la Constitución y la normativa de aplicación española, tiene derecho a un procedimiento administrativo de expulsión o devolución, con todas las garantías en el acceso a la justicia", ha manifestado la organización de la Iglesia.

HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN

En este sentido, ha hecho hincapié también en la importancia de la formación de los agentes de las Administraciones Públicas y de "profundizar" en la creación de herramientas de intervención, seguimiento, sistematización de datos, con el objetivo de adoptar un enfoque integral contra la discriminación racial y étnica.

En el ámbito del fenómeno de la inmigración y a acogida de personas extranjeras, Olea ha valorado las políticas desarrolladas para luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual, pero ha subrayado la importancia de promulgar una las actuaciones contra la trata de seres humanos en todas sus formas con objeto ley que garantice la protección y asistencia a las víctimas de manera integral.

Asimismo, ha pedido la firma por parte de España de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familiares y la ejecución del II Plan de Derechos Humanos y de los mecanismos dirigidos a dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales en dicha materia.

Por otra parte, la experta de Cáritas ha llamado la atención sobre la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada esta legislatura y ha denunciado la existencia en la norma de "supuestos jurídicamente indeterminados" en los sistemas de seguimiento y observatorio que, a juicio de la organización, pueden provocar que personas en situación de vulnerabilidad severa y exclusión social "puedan verse muy dañadas". "Supondría una criminalización de la pobreza", ha asegurado.

Por último, ha reclamado que España cumpla sus compromisos del Pacto de Estado de 2007 en materia de Cooperación Internacional así como "las obligaciones jurídicamente vinculantes derivadas de los instrumentos de los derechos humanos suscritos por España, o las que emanan del Tratado de Lisboa".

Según Olea, todas estas medidas son necesarias para "seguir trabajando" en el "gran logro" que, a su juicio, ha alcanzado España en los últimos años y que consiste en "el acceso de todas las personas a los derechos humanos".

"La crisis económica no puede ni debe ser excusa para que esto no sea así, porque una sociedad siempre será medida y examinada por cómo trata los más pequeños o los que más sufren en los momentos de mayor dificultad", ha incidido.