MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Amnistía Internacional ha denunciado este jueves que persisten en España "prejuicios discriminatorios que impactan negativamente en los derechos" de las víctimas de violencia sexual durante el proceso judicial, donde las autoridades "ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, lo cual introduce una pesada carga para demostrar la veracidad de su relato".
Es una de las conclusiones de un documento difundido por la organización en el que concluye que "España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual" y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en septiembre ha sido, en este sentido, "una oportunidad perdida".
Se refiere a la ausencia de recolección de datos desagregados, lo que impide conocer la dimensión de un problema que según la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2015 habría afectado al menos al 7,2 por ciento de las mujeres y niñas de España en algún momento sus vidas, pero también a la "ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas", como campañas de prevención o servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas.
"Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona. Con esto, lo único que se hace es provocar una doble revictimización", afirma la responsable de política interior de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.
La organización expone el caso de Blanca, (nombre ficticio), que tiene 20 años y origen colombiano aunque es española, para ejemplificar "los prejuicios, los estereotipos y la falta de diligencia debida del Estado a la hora de atender a las víctimas de violencia sexual".
Blanca fue agredida sexualmente a las 5 de la mañana del 8 de mayo de 2016. Su agresor la hizo perder el conocimiento en dos ocasiones. Cuando llegó a casa a las 7 de la mañana y tras contárselo a su madre, decidieron ir a denunciar lo ocurrido, pero en la comisaría del barrio les dijeron que para hacerlo debían acudir a la Jefatura Superior de la Policía Nacional.
Amnistía explica que en esta comisaría, Blanca entró sola y se enfrentó a un interrogatorio que duró 5 horas. Entre el cansancio y el shock por lo ocurrido, se quedaba dormida en la mesa y durante ese tiempo, nadie informó a su madre de lo que estaba pasando dentro. "En todo momento sentía que no me creían, lo que me provocaba mayor intranquilidad", narraba ella a la ONG.
Según su relato, en ningún momento los agentes le explicaron que tenía derecho a asesoría legal antes de realizar la denuncia y tras la declaración no le ofrecieron acompañarla a recibir asistencia sanitaria, ni le informaron de que en estos casos sólo podía ir a un centro hospitalario especializado, el Hospital de la Paz.
Al salir de la comisaría, por sus propios medios, buscaron un hospital donde no se le atendió indicándole que debían ir al hospital especializado. Allí el trato médico fue correcto, pero el médico que la atendió tuvo un enfrentamiento con el médico forense que se negaba a acercarse al centro.
"No se presentó para hacer la exploración hasta las 15.00 horas, sin preservar la intimidad de la víctima, al hablar del caso a voz en grito. Tras ser violada a las 5 de la mañana, tuvieron que transcurrir 10 horas para que finalmente Blanca fuese atendida por personal sanitario y forense", denuncia Amnistía.
La organización recuerda la obligación del Estado de acometer campañas de prevención de violencia contra las mujeres en todas sus formas, eliminar todas las barreras que impidan el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia y a servicios de asistencia gratuita y especializada; y evitar la revictimización en la investigación penal y en todas las etapas procesales, no recurriendo a la discriminación y estereotipos de género.
Conforme recuerda, el Pacto de Estado propone la creación de una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual, pero a su juicio es necesario que el Gobierno concrete medidas, como por ejemplo, el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia, accesible y de calidad en todo el territorio nacional, con al menos, un Centro de Crisis por cada 200.000 mujeres, y como mínimo, uno por cada Comunidad autónoma, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, como recomienda el Consejo de Europa. Algo que no existe por el momento en todo el territorio español.