ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza ha condenado a una mujer por un delito de intrusismo tras la intervención como acusación particular del Colegio de Podólogos de Aragón. La condena ha sido a una pena de doce meses de multa con cuota diaria de seis euros y a las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

La defensa de la acusada, que había solicitado inicialmente su libre absolución, aceptó la rebaja de pena propuesta por el Ministerio Fiscal por lo que la sentencia es firme.

El Colegio de Podólogos de Aragón ha explicado en una nota de prensa que durante el juicio quedó probado que esta mujer regentaba un negocio que realizaba servicios propios de Podología sin estar en posesión de la titulación universitaria de Grado de Podología, ni estar colegiada.

El presidente del Colegio de Podólogos de Aragón y secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, Rafael Navarro, ha subrayado que "un callo no es un problema estético, sino de salud" y tanto esta dolencia, como las durezas o las uñas distróficas --con grosor-- "deben ser diagnosticada y tratada por un podólogo".

Añade esta organización colegial que los técnicos en estética personal, si se detectan en el cliente indicios de patología en las uñas, zona periungueal o piel de manos y pies, deben remitir a consulta médica. También deben utilizar el material de trabajo adecuado a su formación.

Desde el Consejo de Colegios de Podólogos han subrayado que una práctica ilegal "no sólo perjudica a los profesionales titulados y colegiados, sino, sobre todo, a la ciudadanía", y han explicado que ante una sospecha de intrusismo, cada Colegio de Podólogos inicia las comprobaciones, como la obligación de la consulta de estar inscrita en el registro de centros sanitarios de la Consejería de Salud correspondiente.

Este colectivo profesional ha recordado que la Podología es una profesión regulada por ley, su ejercicio requiere de una titulación universitaria de grado, además de ser miembro del colegio profesional correspondiente y ha advertido de que "poner los pies en manos de personas no tituladas, ni capacitadas para el ejercicio reglado de la profesión es poner en riesgo la salud".

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