• La sanción afecta a nueve cargos políticos
  • El Ayuntamiento alquiló un local por más del doble de su precio de venta
alonso

El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza de casi medio millón de euros al actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, por irregularidades en el alquiler de unos locales durante su etapa como alcalde de Vitoria. La fianza deberá ser pagada entre los nueve miembros del equipo del PP que gobernaban la ciudad entre 2003 y 2007, entre los que se encuentra también el actual alcalde, Javier Maroto.

Según informa Efe, esta decisión se produce después de escuchar este jueves a los representantes legales de Alonso y del Ayuntamiento. El procedimiento investiga el contrato de alquiler de unas oficinas municipales por 20 años, por un importe de 6 millones de euros, más del doble de lo que el propietario pagó un año antes por la compra del local (2,7 millones).

En total, la fianza asciende a 429.223 euros, por lo que cada afectado deberá pagar unos 55.000 euros. El Tribunal de Cuentas ha confirmado que hubo una responsabilidad contable por parte del equipo de gobierno, ya que causó un perjuicio económico a las arcas municipales.

Cada uno de los cargos afectados deberá pagar 55.000 euros

Según la resolución, el equipo de gobierno pagó una cuantía superior por el alquiler de los locales municipales en 2007, en contra del criterio de los técnicos de la Unidad de Valoración del Ayuntamiento, que establecieron en 10.200 euros el precio mensual del alquiler. La instructora del caso recuerda que la revisión anual del precio se hizo hasta nueve puntos por encima del IPC.

"ERROR" DE LOS CONCEJALES DE HACIENDA

Además, señala que los distintos concejales de Hacienda cometieron un “error” al calcular la revisión del IPC a final de año, en lugar de en el mes de marzo, cuando se firmó el contrato de los locales, lo que implicó también un incremento del precio. Por este motivo, el actual alcalde deberá abonar un pago adicional de 1.696 euros como concejal de Hacienda en el momento de la firma del contrato; de 5.228 euros a la responsable de este área entre 2007 y 2011, la socialista Marian Gutiérrez, y de 13.366 euros a Manuel Uriarte (PP), actual responsable de Hacienda.

Los representantes legales de los nueve cargos afectados han pedido la prescripción de la causa, al entender que el proceso debía ser archivado por remontarse a 2007. Sin embargo, la instructora del caso ha rechazado esta alegación, al considerar se sigue produciendo un perjuicio económico para el Ayuntamiento mes a mes.

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