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La paralización del almacén de gas Castor en la costa de Castellón sigue creando conflictos entre el Gobierno y sus promotores. El Ministerio de Industria quiere que los promotores ACS y Escal tengan responsabilidad en la paralización del proyecto si se demuestra que hubo dolo o negligencia en su construcción.

La pelota sigue pasándose entre el Ejecutivo y las empresas, aunque en juego siguen los 1.400 millones de euros que ha costado la instalación gasista, que ha tenido que ser suspendida tras los sucesivos temblores registrados en la zona.

Según recoge El Economista, la Abogacía del Estado no quiere dar por perdido el dinero que tendrán que afrontar en pagos, sobre todo por los sobrecostes con lo que contó la infraestructura, presupuestada en 600 millones y que finalmente costó 1.400 millones.

Además, la Fiscalía de Castellón tendrá que decidir en las próximas semanas si envía ante el juez a los promotores por un presunto delito ambiental en la construcción.

COLOCACIÓN DE LOS 1.400 MILLONES

Tal y como avanzó hace unas semanas el Ministerio de Industria, el pago de la obra se llevará a cabo a través de una emisión de 1.400 millones de euros que será colocada por varios bancos nacionales como Santander y La Caixa, así como algunos internacionales.

Según destaca El Economista, si finalmente los derechos de cobro por el Castor se colocan al 4% o a un interés superior, los consumidores tendrán que hacer frente a un pago anual de cerca de 126 millones al año, lo que supone un incremento de cerca del 3,6% para los costes regulados del sector, que rondan los 3.500 millones de euros.

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