La batería de medidas presentadas por el Gobierno de Mariano Rajoy este jueves ante el pleno del Congreso no aportan nada nuevo. El Partido Popular (PP) reconoce que entre las 70 medidas hay algunas que plantean y venden desde hace casi dos años.
La formación del presidente del Ejecutivo lamenta haberse dado tanto plazo para pactar con el PSOE y contribuir así el descrédito de la clase política. Según El Confidencial, el plazo se ha extendido primero porque llegaban las elecciones europeas de mayo, después por la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba y al final por esperar a que Pedro Sánchez aterrizara en el cargo.
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Todo esto, según comentan en círculos del PP, para “al final sacar las leyes adelante solos o con alguna ayuda de los nacionalistas, que siempre acaban por pedir algo ajeno a la cuestión a cambio”.
Las medidas anticorrupción acabarán con concesiones a los nacionalistas
La mayoría de las medidas de tanto anunciarlas, suenan a antiguas. Algo que el propio Rajoy sabe y por lo que intentó no nombrarlas en el pleno del Congreso. Sólo se salvan la prohibición del perdón de las deudas de los partidos por la banca o el fin de los donativos de las empresas a las formaciones políticas.
DUREZA CON LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS
El PP ha querido mostrar especial dureza con la financiación ilegal de los propios partidos. Hasta tal punto ha llegado la ejemplaridad que quiere mostrar que el secretario general del grupo en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha registrado una serie de enmiendas a la norma presentada por Rajoy con el fin de mejorarla y donde incluyen un “mayor reproche penal para castigar los delitos de corrupción”.
Destaca La Razón que una de estas enmiendas presentadas al articulado del Código Penal impone “penas de seis meses a cuatro años de cárcel y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso por recibir donaciones ilegales que superen los 500.000 euros si proceden de un donante anónimo y si ésta proviene de un donante con identidad conocida deberá superar los 600.000”.
Por otro lado, recoge que las mismas penas se impondrán a quien entregue esas aportaciones directa o indirectamente. Además, se castigará con penas de prisión de uno a cinco años a quien participe en organizaciones cuya finalidad sea la financiación ilegal de partidos políticos, previendo mayores penas según la responsabilidad que se ostente.
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