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Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.PSOE

Horas antes de la detención de Eduardo Zaplana, la aprobación de los presupuestos de 2018 parecía corroborar la tesis más extendida de que la legislatura se agotaría ya que los cuatro grandes partidos no deseaban realmente otra cosa. El PP, en caída libre, confiaba todavía en los errores de los adversarios y en que dos años más de bonanza económica terminaran de convencer a muchos antiguos votantes de que procedía regresar al redil; el PSOE, todavía no recuperado del todo de sus problemas internos y sin acabar de adueñarse de su espacio político —pese a que las encuestas siguen afirmando tenazmente que el eje de simetría ideológico de este país está escorado a la izquierda—, confiaba en que su lucha por el reequilibrio social terminaría dando frutos; Ciudadanos, claramente al alza, esperaba con ambición que el desgaste del PP lo ubicase claramente en el liderazgo del hemisferio conservador. Y Podemos también prefería esperar, pendiente de recuperar los iniciales ímpetus, en busca de un acomodo definitivo después de sus vacilaciones entre el centro, la transversalidad y la izquierda.

Pero aquel tácito equilibrio, en que los cuatro actores se dedicaban a observar recelosamente a sus adversarios para posicionarse en el futuro electoral a medio plazo, se rompió súbitamente en cuanto el PP se vio golpeado por nuevas y graves contrariedades. La citada detención de Zaplana, sorprendido al repatriar una gran fortuna presuntamente obtenida mediante las habituales técnicas de corrupción, y, sobre todo, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la primera parte del 'caso Gürtel', irrumpieron como una colosal borrasca sobre el panorama y arrasaron la precaria estabilidad de un PP ya muy dañado, al que las últimas encuestas auguraban porcentajes de intención de voto inferiores al 20%.

La sentencia en cuestión condenaba a 29 personas a un total de 351 años de cárcel, reconocía la responsabilidad civil del Partido Popular y la existencia de una 'caja B' al menos desde 1989, y negaba credibilidad al testimonio en la causa del mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que había sido obligado a declarar. La cúpula del PP y el Gobierno intentaban una vez más restar importancia a aquel serio revés judicial pero el intento fue esta vez contraproducente ya que generó aún más indignación.

"El PSOE puede triunfar o no del envite, pero erraría en el juicio quien pensase que se ha equivocado y que perderá pie si no gana"

Primero estalló Ciudadanos, que dijo que aquella sentencia marcaba un antes y un después y que la legislatura había de darse por liquidada. Después se sucedieron numerosas reacciones airadas de partidos, instituciones y agentes sociales. Y a la mañana siguiente, muy temprano, el PSOE registraba su moción de censura.

Dicha moción ha situado a Pedro Sánchez, ausente del Parlamento por su dimisión del escaño en el fragor de su pelea con los barones, en el mapa político con gran eminencia y ha situado al PSOE en cabeza en la tarea de saneamiento y reconstrucción ética de este país, que ya no admite demora. La estrategia que utilizará el PSOE consiste en desarrollar la moción sin pactar apoyos, dejando a cada grupo parlamentario que actúe como crea conveniente. Podemos ya ha anunciado que respaldará la moción (cualquier cosa con tal de echar a Rajoy). Ciudadanos está entre la espada y la pared: si no la apoyase, quedaría en evidencia su vehemente voluntad de regeneración; si lo hiciera, estaría dando una ventaja a Sánchez, cuando Albert Rivera acaricia ya la silla de la Moncloa. Y en cuanto a las minorías nacionalistas, deberán también decidir lo que les conviene, a sabiendas de que de Sánchez no pueden esperar la menor vacilación en la defensa estricta de la Constitución, el estado de derecho y el imperio de la ley. Pero de la misma manera que el PSC no es el PPC, Sánchez no es Rajoy.

De momento, Ciudadanos ha propuesto al PSOE una moción de censura instrumental, que sólo sirva para convocar elecciones, pero con la Constitución en la mano esta solución sería un fraude de ley: el constituyente excluyó de forma expresa esta posibilidad y creó la figura de la moción de censura constructiva, que obliga a presentar un programa y a elegir a un candidato que lo defienda. De ahí que las soluciones reales son dos: en una primera, improbable, Ciudadanos y PSOE pactarían la investidura de Sánchez, un catálogo limitado de actuaciones y elecciones en unos meses (a finales de año). En una segunda, Ciudadanos no apoyaría la moción, con lo que la fuerza política ‘nueva’ perdería todo el glamour y reduciría su regeneracionismo a mero tacticismo. Y si los electores intuyeran la marrullería, regresarían precipitadamente al PP: más vale malo conocido…

El PSOE puede, en fin, triunfar o no del envite, pero erraría en el juicio quien pensase que se ha equivocado y que perderá pie si no gana. Mucha gente cree que no es decente utilizar el argumento de la estabilidad económica para restar importancia a la corrupción. Y eso es lo que ha estado haciendo el PP en los últimos años, sin haberse preocupado de emprender su propia catarsis y subsiguiente reconstrucción. El PSOE no ha hecho más que interpretar esta irritación y hacerla operativa.

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