• Pretende conseguir consenso para cambiar los aforamientos y la regulación de los indultos
  • Hace un guiño a los 'indignados' y propone modificar la iniciativa legislativa popular
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El Gobierno ha empezado el curso político con sed de reformas pero también con prisas. En un documento de once páginas, el Ejecutivo dicta una hoja de ruta para la oposición en la que se propone cambiar las directrices de los partidos en dos meses.

El documento, que ha sido retrasado en varias ocasiones por las elecciones europeas y la designación del nuevo secretario del PSOE, Pedro Sánchez, destaca varios puntos. Entre las medidas de la bautizada por el propio Gobierno como "regeneración democrática", destacan la revisión de los aforamientos a cargos públicos y los indultos, la puesta en marcha de una ley para regular los altos cargos y el control financiero de los partidos.

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Además, la apuesta de Rajoy para devolver la confianza a la ciudadanía pasa por reformar la iniciativa legislativa popular, el vehículo con el que cuentan los ciudadanos para entrar en el Parlamento, un guiño a los indignados y a los nuevos partidos como Podemos.

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MÁS TRANSPARENCIA Y MENOS PRIVILEGIOS

El próximo 10 de diciembre se pondrán en marcha todos los mecanismos de vigilancia y transparencia constituidos gracias a la ley de mismo nombre. En este sentido, el Ejecutivo ha puesto en marcha la Oficina de Transparencia.

Además, en cuanto a la financiación de partidos, el documento elaborado por el Gobierno asegura que la prioridad está en "limitar los gastos derivados de las campañas electorales, en particular en lo que se refiere a publicidad exterior (como carteles y vallas electorales)”.

En el mismo sentido, la reforma pretende llevar a cabo una prohibición de las donaciones de empresas o condonaciones de deudas así como la instauración de nuevas exigencias de rendición de cuentas ante los órganos fiscalizadores y el Parlamento.

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ALTOS CARGOS E INDULTOS

Sobre los altos cargos, el Gobierno propone como exigencia no tener antecedentes penales por determinados delitos graves, como el terrorismo. Además, para evitar problemas de enriquecimiento ilícito, propone mayores controles sobre su situación patrimonial.

En cuanto a los indultos, el documento recoge que "aportar mayor transparencia a la concesión de indultos, de forma que, sin alterar su concepción como medida de gracia que atiende a las circunstancias de la persona y no al tipo de delito, se pueda ampliar la rendición de cuentas".

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