• El Ejecutivo pretende forzar que se cumpla la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la partida presupuestaria del referéndum
  • Se trata de "una actuación preventiva en favor de la prosperidad y bienestar de los ciudadanos catalanes", según Íñigo Méndez de Vigo
  • PSOE, PSC y PDeCAT critican la decisión adoptada por el Ejecutivo, mientras C's la apoya
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El president de la Generalitat, Carles Puigdemont

El Gobierno estrecha el cerco sobre la Generalitat para que no pueda dar ningún paso en la dirección de convocar el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre. La última acción del Ejecutivo es un acuerdo de Gobierno para “impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gastos destinados a sufragar el referéndum del 1-O”, según ha explicado el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, al término del Consejo de Ministros.

A partir de ahora, el Ejecutivo autonómico deberá remitir semanalmente una garantía de que no destina fondos a la votación y, de no hacerlo, se contemplan castigos para Cataluña como la retirada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si destina un sólo euro a los preparativos de la votación secesionista. Esta medida incrementará el control sobre las finanzas del Govern de Carles Puigdemont y busca que se cumpla la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la disposición adicional de la Ley de Presupuestos catalanas, que incluía una partida para financiar el referéndum.

Según ha recordado el ministro Portavoz, el Tribunal Constitucional anuló las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum y, "pese a ello", responsables de las instituciones catalanas han anunciado su voluntad de seguir adelante con su celebración.

El Gobierno ha adoptado así este acuerdo dada la situación de "riesgo" que esto genera y de "incertidumbre" para empresas y ciudadanos para garantizar que "ni un solo euro público" estará destinado a la financiación del referéndum. "El referéndum no puede ser pagado con dinero público. Estén tranquilos todos los catalanes que no habrá un euro distraído para nada que sea ilegal", ha garantizado Méndez de Vigo.

INFORMES SEMANALES

Para ello, una serie de altos cargos y funcionarios deberán remitir de manera individualizada y semanal certificados que garanticen que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum.

Los responsables obligados a enviar esta información al Gobierno son los interventores de las consellerias, con el soporte certificado de los máximos responsables de los órganos gestores, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de presupuestos y el director general de política financiera, seguros y tesoro.

Con esa información, si el Ministerio de Hacienda concluyera que sí se están destinando fondos a la financiación del referéndum, "dará traslado a las autoridades competentes para la exigencia de responsabilidad", según ha detallado el portavoz del Ejecutivo.

¿Y SI NO CUMPLE?

Méndez de Vigo ha explicado que han contemplado el escenario de que no remitan estos documentos públicos. En tal caso "incurrirían en una irresponsabilidad" ha dicho el ministro quien ha insistido que si las cantidades no se destinan a lo previsto en las partidas presupuestarias, el Estado podrá llegar a retirar a Catalunya de la asistencia financiera destinada a las Comunidades Autónomas. "Tenemos derecho a saber, y lo vamos a saber", ha insistido el ministro.

Es "un referéndum sin censo, sin papeletas, sin urnas, sin funcionarios, sin Europa, sin ayuda, y ahora también sin presupuesto"

Este acuerdo ha partido de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y se trata de "una actuación preventiva en favor de la prosperidad y bienestar de los ciudadanos catalanes". "Tenemos que garantizar que el dinero va donde tiene que ir, y no donde unos quieren que vaya, que es a un referéndum ilegal", ha argumentado el ministro portavoz. "Si quieren hacerlo, no lo van a hacer con el dinero de todos los catalanes, sino con el suyo", ha sentenciado.

Méndez de Vigo ha señalado directamente a Puigdemont como último responsable si se incumple este mandato y deberá "explicar por qué se ha producido esta situación (si se acaba retirando el FLA)". Preguntado por más detalles sobre las sanciones si, a pesar de todo se sigue adelante, el ministro ha evitado dar una respuesta clara y se ha limitado a exponer que "dependerá de la conducta". "Hablar en términos generales, ante la denegación de información o falta de la misma, me resulta imposible decirle, porque no soy un juez", ha continuado. "Pero quiero hacer una llamada a la cordura, esta decisión es para garantizar el buen fin de los dineros públicos", ha enfatizado Méndez de Vigo.

Sí ha reconocido que hasta ahora "hay múltiples anuncios, pero aún no hay convocatoria". Y ha remarcado que lo que se tiene hasta ahora entre manos es "un referéndum sin censo, sin papeletas, sin urnas, sin funcionarios, sin Europa, sin ayuda, y ahora también sin presupuesto".

EL ACUERDO 2015 HABLABA DE UN INFORME MENSUAL

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ya aprobó en su reunión del día 20 de noviembre de 2015, a propuesta de los Ministros de Hacienda, un acuerdo con "medidas adicionales" para garantizar en Cataluña "la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general".

Ese acuerdo decía que para que Cataluña pudiera acceder al reparto de recursos con cargo al FLA debería remitir un certificado mensual. Y ahora ese nivel de control y esa justificación explícita de sus gastos e ingresos será semanal, acreditando así que no destina fondos a la organización del referéndum.

JUNQUERAS, EN UNA DIFÍCIL SITUACIÓN

El Gobierno admite que este acuerdo que condiciona el pago a Cataluña de las partidas del FLA coloca al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una situación complicada, dado que ocupa la Vicepresidencia económica de la Generalitat que controla el presupuesto y ha sido designado "organizador" del referéndum, han señalado fuentes de Moncloa.

El acuerdo será publicado en el BOE este sábado y la primera certificación de que no se han destinado fondos al referéndum tendría que llegar una semana después

Fuentes de Moncloa están convencidas de que los funcionarios públicos cumplirán con esta obligación "por las cuenta que les trae", dado que se hacen responsables de lo que firman y podrían enfrentarse a sanciones. En el Gobierno defienden que, ante la posibilidad de que un funcionario en Cataluña reciba una orden ilegal, solicite a su superior que sea por escrito.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado cuenta de este acuerdo de la Comisión Delegada en la reunión posterior del Consejo de Ministros y este sábado se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez publicado, la primera certificación de que no se han destinado fondos al referéndum tendría que llegar una semana después.

PSOE, PSC Y PDECAT CRITICAN LA MEDIDA, C'S LA APOYA

Ya se han dado distintas reacciones a este anuncio del Gobierno. Así, la dirección federal del PSOE considera que "no es la solución", por lo que fuentes socialistas consultadas por Europa Press vuelven a decirle al Ejecutivo de Mariano Rajoy que es la política lo que tiene que poner encima de la mesa. Idea que sigue también el PSC, ya que su diputada en el Parlament Alicia Romero ha criticado esta "amenaza" del Gobierno al Govern.

Mientras tanto, el portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, ha denunciado el "sectarismo" del Ejecutivo estatal. "Vincular el referéndum y el FLA es un ejercicio de sectarismo y deslealtad con todos los catalanes sin distinción de ideologías", ha escrito Campuzano en un comentario publicado en su perfil de Twitter.

Por el contrario, para Ciudadanos esta decisión del Gobierno evita que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ponga "en riesgo" los servicios básicos de todos los catalanes, por lo que apoya la medida adoptada. "Vemos bien que el Gobierno se asegure de que el dinero que tiene que ir destinado a pagar a las farmacias o a otros proveedores no se utilice para el plan separatista", han declarado a Europa Press fuentes de la dirección del partido naranja.

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