• Rafael Mayoral señala que este plan analiza medidas que 'no sean de Podemos sino el clamor de la sociedad civil'
  • Además insisten que este tipo de temas ' no puede ser un asunto de negociación'
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Podemos ha convocado un ciclo de encuentros con expertos y organizaciones de la sociedad civil para debatir y desarrollar de forma conjunta medidas que doten de contenido el Plan 25 de Emergencia Social. Un plan que incluye la propuesta de Ley 25, que propuso la formación morada en el Congreso y que busca terminar con los desahucios sin alternativa habitacional, los copagos y garantizar los suministros básicos para las viviendas.

Podemos considera que estas reformas no puede ser un asunto de negociación para formar gobierno

Siga en directo las negociaciones para formar gobierno

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral ha señalado que "es necesario que todas las fuerzas políticas empiecen a mirar al país que tienen. En estos momentos lo central es poder abordar un plan de rescate ciudadano que ponga en el centro de la acción política institucional el cumplimento íntegro de la Declaración Universal de Derechos Humanos", informa en unas declaraciones recogidas por un comunicado de la formación política.

Mayoral ha destacado la importancia de “abrir nuevas formas de legislar” para facilitar la participación de la ciudadanía como es el caso de la Ley 25, donde las organizaciones sociales pueden incorporar su voz en forma de enmiendas a la ley que serán tramitadas por el grupo parlamentario. Según Mayoral, esto facilitará que tanto la Ley 25, como otras futuras iniciativas, “no sean las medidas de Podemos sino el clamor de la sociedad civil, que desde el estallido de la crisis vienen reclamando el cumplimiento del artículo 25 de los Derechos Humanos”.

DEBERÍA SER UNA OBLIGACIÓN PARA CUALQUIERA QUE SE LLAME DEMÓCRATA

En declaraciones recogidas por la Agencia EFE, Mayoral al ser preguntado por si la Ley 25 de Emergencia Social está en la agenda de un posible Gobierno con el PSOE, Mayoral ha afirmado que el cumplimiento de la Declaración Universal "debería ser una obligación para cualquiera que se llame demócrata" y no puede ser un asunto de negociación.

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