MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pedido un informe sobre la situación patrimonial del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) de cara a la disolución de este organismo, así como el plazo para que se produzca la liquidación del mismo.

Así consta en una instrucción, recogida por Europa Press, firmada el 16 de noviembre por el ministro en calidad de "titular del departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda" de la Generalitat de Cataluña.

En ella, Montoro pide a la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda que le sea remitido en el plazo de dos días hábiles desde la recepción de la citada instrucción, un "informe detallado" sobre la situación patrimonial del DIPLOCAT, del Consejo Asesor para la Transición Nacional y de la Comisión Especial sobre la Violación de Derechos Fundamentales en Cataluña.

El titular de Hacienda pide, además, que se le informe en ese plazo de los trámites iniciados para la disolución de estos organismos públicos, así como el plazo estimado para su "liquidación".

LISTADO DE PERSONAL DE ÓRGANOS SUPRIMIDOS

En otro punto de la instrucción, Cristóbal Montoro reclama un listado de personal de cada órgano de la Generalitat que haya sido suprimido. Y reclama que se detalle en este documento la "vinculación jurídica" de cada empleado con la Administración de la Generalitat.

El ministro advierte de que "los actos y acuerdos que deban adoptarse respecto a este personal deberán ser objeto de comunicación previa con 10 días de antelación".

También requiere que se le informe con diez días de antelación de la adopción de acuerdos o actos administrativos en relación con la provisión de puestos de libre designación; de la convocatoria de procesos selectivos de acceso al empleo público de personal funcionario y laboral, así como de otras actuaciones que impliquen modificaciones de estructura orgánica o creación o modificación de puestos de trabajo.

A ello añade una petición de informe sobre la tramitación, si la hay, de procedimientos sancionadores a los altos cargos de la Administración catalana, así como una relación de personal eventual que pierde tal condición con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha afectado al presidente, vicepresidente y consejeros del Gobierno catalán.

"En dicha información se certificará si tienen la condición de empleados públicos de la Generalitat o de su sector público, y en este caso si tienen o no derecho a reserva de plaza, y la identificación de la misma", añade la instrucción.

Además, pide que se confirme que dicho cese ha sido objeto de publicación por el órgano competente en el boletín oficial de la Generalitat de Cataluña "de acuerdo con la normativa aplicable".

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