- El organismo empezará el proceso para adaptarse a la normativa europea que culminará con la solicitud de la ficha bancaria
El Govern de Catalunya sigue dando todos los pasos para ultimar su plan soberanista que se culmina con la convocatoria de elecciones el próximo 27 de septiembre para ratificar la lista impulsada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, junto al líder de ERC, Oriol Junqueras. Uno de los últimos movimientos ha sido la aprobación por decreto de la adaptación del Institut Català de Finanzas (ICF) a la normativa europea, con el objetivo de convertirlo en un banco público.
Explica El País que la entidad está pendiente ahora de un requisito indispensable para que pueda empezar esta actividad: carece de la ficha bancaria que otorga el Banco Central Europeo (BCE), previo al informe del supervisor estatal.
Recientemente, el president de la Generalitat también presentó su modelo de agencia tributaria y ahora el objetivo es que el organismo de crédito catalán pueda operar como un banco público. Para ello, necesita que el ICF obtenga la licencia pertinente, cumpliendo la normativa comunitaria.
Que el Institut Català de Finances obtenga la ficha bancaria depende del BCE y del Banco de España
La legislación aprobada por el Govern propicia que el ICF arranque un proceso para adaptarse a los requisitos europeos, pero la obtención de la ficha bancaria depende del BCE y también del Banco de España.
ESTRUCTURAS DE ESTADO
Explica el rotativo del Grupo Prisa que este banco público catalán se contempla en las llamadas Estructuras de Estado que quiere impulsar el president de la Generalitat, donde se encuentran también la Hacienda propia o la Seguridad Social catalana.
Señala el medio que en la práctica, operaría como lo hace ahora mismo el Instituto de Crédito Oficial (ICO) adscrito al Ministerio de Economía. El objetivo es conseguir la ficha bancaria en 2015, pero el consejero delegado del ICF, Josep Ramon Sanromà, ha llamado a la paciencia y ha señalado que no hay fecha establecida para ello.
El consejero delegado del organismo ha explicado que el ICF debe esperar a que se defina la normativa europea sobre las entidades bancarias y a que el Mecanismo Único de Supervisión examine a más de 5.800 entidades pequeñas.
Por ahora, el decreto ley implica, que “se aplique la normativa de las entidades de crédito por obligación”, ha explicado Sanromà. También deberá constituirse una Junta de Gobierno, con una mayoría de independientes y que el ICF se rija con independencia en cuanto a temas económicos y presupuestarios a la Generalitat.
Además, deberá cambiar la composición de los órganos de Gobierno: deberá pasar a estar formado por el consejero delegado, seis consejeros independientes y cuatro miembros de la Administración.
Una vez adoptadas todas estas medidas, Sanromà ha explicado que el ICF lo tendrá todo “prácticamente listo para pedir la licencia”, pero por prudencia no se tramitará hasta que el panorama europeo no esté despejado porque podría quedar congelada.
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