- España ha tenido siete leyes educativas en democracia
- Más becas, formación profesional o mayor capacitación de los docentes son algunas de las propuestas
Si en algo parecen haberse puesto de acuerdo los principales grupos políticos del Congreso de los Diputados es en llegar a un pacto nacional por la educación. Por ese motivo, uno de los primeros movimientos del gobierno de Mariano Rajoy ha sido tender la mano para tratar de buscar consenso en materia educativa.
Actualmente, desde el Consejo de Ministros del 9 de diciembre, la aplicación de la LOMCE (Ley de Mejora de la Calidad Educativa) está paralizada hasta que se llegue a un acuerdo de Estado para la educación. Esto significa que se “suspenderá el calendario de implantación” de todos los aspectos de la ley que no se hayan aplicado hasta que entre en vigor la nueva ley de educación, según el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.
La Lomce, criticada desde sus inicios y aprobada con la mayoría absoluta de los populares en el Congreso, es la séptima ley educativa de España en democracia. La primera fue implantada en 1970 y estuvo en vigor durante los primeros años de democracia hasta 1980. La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) fue la siguiente, elaborada por el gobierno de Adolfo Suárez; la tercera, Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) llegaría cinco años después de la mano del gobierno socialista y desde ahí la LOGSE, la LOPEG, la LOE y por último, la séptima, la ley Wert, la polémica LOMCE.
La Comisión de Educación del Congreso aprobó el 1 de diciembre la creación de la Subcomisión para el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, cuyo propósito es presentar en los próximos meses un texto que de estabilidad al sistema educativo español.
LOS RETOS DEL SISTEMA EDUCATIVO EN ESPAÑA
Conseguir la estabilidad parece el reto en común de los distintos grupos políticos en esta subcomisión para el pacto educativo. En declaraciones a Bolsamanía de la diputada de Ciudadanos, Marta Martín, la prioridad es que “la educación deje de utilizarse como arma política. No puede ser que cada vez que haya un cambio de gobierno haya también un cambio de ley educativa”. Martín añade que lo importante es resolver problemas como “la convivencia escolar, las desigualdades en educación ya sea en función de territorios o entornos socioeconómicos o las altas tasas de abandono escolar”.
En este sentido, coincide con la postura de Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, en una ponencia de la última semana, en la que consideraba que “hay que lograr un sistema educativo que garantice la igualdad de oportunidades a alumnos, familias y profesores”.
Otro de los retos es el de reducir el abandono escolar. Desde el Partido Socialista proponen un programa específico “para recuperar al alumnado que haya tenido que abandonar sus estudios universitarios” a causa de los cambios legislativos o a causa de la crisis. Y desde Ciudadanos lanzan una pregunta al aire: “¿Hay alguien que considere justo que haya desigualdades en niveles de abandono escolar en función del territorio en el que hayas nacido?”. La formación naranja cree que hay que implementar “mejores prácticas” para que los alumnos mejoren sus resultados independientemente de su origen geográfico o su condición económica.
El papel de los docentes también es otro elemento clave de esta reforma. Levy considera que “hay que prestigiar la figura de los maestros porque son quienes mejor conocen las aulas. Y el PSOE exige que se impulse la profesionalización del sector y se “dignifique la función docente”.
En este punto, Alberto Arriazu, presidente de FEDADI (Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos) añade otra petición: que en la reforma del sistema educativo se incluya la valoración de profesionales docentes, que son “quienes viven el día a día en los centros”. Punto con el que coincide el diputado y portavoz de la Comisión de Educación de Podemos, Javier Sánchez quién considera que “si queremos elaborar un Pacto educativo que perdure debemos ir más allá del debate entre las cuatro paredes del Congreso y contar con la comunidad educativa. Porque los profesores, las familias, los inspectores son los que mejor conocen los problemas y necesidades de nuestro modelo educativo”.
SOLUCIONES DIVERSAS A RETOS COMUNES
Identificar los retos del sistema educativo no parece tan complicado como encontrar soluciones para ellos. Desde las becas hasta la formación para docentes, son diversas las propuestas de los diferentes políticos y agentes implicados en la reforma educativa.
José Antonio Marina, filósofo y pedagogo, defendía hace unos meses en su blog que “el futuro de España depende de nuestra capacidad de aprender” y proponía una serie de medidas para la reforma educativa en España. Para empezar, Marina hablaba de “flexibilidad” no solo en los currículos, sino también en la manera de organizar los centros y como ejemplo proponía que no fuese la edad la que determinase el curso de un alumno. El experto también mencionaba la financiación y proponía que “los centros que se encuentran en zonas socioeconómicas deprimidas deben tener más presupuesto”. Esta última medida podría solventar, por ejemplo, el problema de las desigualdades.
Podemos es la formación más crítica con la financiación y considera que “el primer punto de este Pacto de Educación debe ser el compromiso de todos los Grupos Políticos de esta cámara de destinar, como mínimo, el 5,6% del PIB en inversión educativa”. Para Javier Sánchez, “sin presupuesto parar invertir en educación todo lo demás será agua de borrajas que aguantará el papel pero que continuará en la línea ideológica de debilitar el sistema educativo público”.
Para el PSOE, dos herramientas para eliminar las desigualdades son las becas y la oferta pública de Escuelas Infantiles. El PP, sin embargo, apuesta por la igualdad de oportunidades desde la Formación Profesional y añaden que “es el instrumento más eficaz para luchar contra el abandono educativo y el desempleo”.
En cuanto a los docentes, Marina considera que “hay que elevar la calidad de los docentes y de los equipos directivos”. Arriazu también defendía que había que “mejorar el nivel del profesorado”. La propuesta del PP en este sentido es la elaboración de un “Plan de Convivencia que defienda la autoridad de los docentes y del equipo directivo”. El PSOE propone un ‘MIR Educativo’, un examen parecido al MIR del sector médico con el que se “establezcan criterios para su promoción e incorpore un sistema de acceso a la docencia”.
La formación naranja añade que la transparencia debe ser un factor clave en la reforma educativa. Marta Martín propone tener “indicadores públicos y estandarizados para conocer no sólo el nivel de nuestros alumnos y profesores, sino también en la eficiencia del sistema”.
Las propuestas políticas están sobre la mesa. Además, desde FEDADI aconsejan a los políticos que “no se empiece a construir por el tejado, sino desde los cimientos”. Y, sobre todo, subrayan una petición, casi un deseo: que se propongan soluciones “con calma” para que perduren durante más de una legislatura.
