- Se prevé que los exconsellers encarcelados puedan abandonar la prisión en breve con el cambio de tribunal
- El Gobierno ve "razonable" que el Supremo quiera acumular las causas del proceso independentista
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha remitido al Tribunal Supremo el informe solicitado por el magistrado, Pablo Llarena, en el que da su beneplácito para que todas las causas contra el independentismo se aglutinen en el alto tribunal.
"La confluencia estratégica de todas las actividades, perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal, fue lo que en suma permitió la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament de Cataluña", reza el informe.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que es "razonable" que el Tribunal Supremo pretenda acumular la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el Govern de Carles Puigdemont a la investigación que se lleva en el en alto tribunal a los miembros de la Mesa del Parlament, todos ellos investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de bienes públicos por los hechos relacionados con la declaración unilateral de Independencia.
"Eso garantizará sin duda la coordinación y la unidad de tratamiento", ha aseverado el ministro en los pasillos del Congreso de los Diputados.
EL INFORME DE LA MAGISTRADA
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 considera que todas las personas querelladas forman parte de "una compleja y heterogénea organización" que desde 2015 -año en que arrancó el plan independentista- viene desarrollando una premeditada estrategia "perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles".
Por ello entiende que la investigación a los exmiembros del gobierno catalán por un lado y a los parlamentarios aforados por otro, no debe ser escindida, "sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido". De lo contrario, expone, se podría incurrir en un examen parcial y sesgado de los hechos.
Su postura choca con la mantenida por la Fiscalía que en su escrito remitido ayer al juez Llarena argumentó que la causa que instruye la Audiencia Nacional contra los catorce antiguos miembros del gobierno catalán debe seguir en este órgano y que la acumulación que ahora respalda Lamela podría ser prematura puesto que la condición de los exconsejeros, cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución, "puede verse alterada" tras los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre.
REPARTO DE PAPELES
En su informe, la juez describe un organigrama integrado desde el ámbito legislativo, ejecutivo y la sociedad civil. En este último punto se refiere al papel que juegan en la deriva soberanista las entidades de ANC y Òmnium Cultural, a su juicio "asesores ideológos" y "brazo civil" del gobierno catalán en este proceso de desconexión. Sus dos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, también están siendo investigados en esta causa junto con el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero y la intendente Teresa Laplana por el delito de sedición.
La juez recalca que todos los acusados forman parte de una organización que actuó para lograr la independencia de Cataluña alterando la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario. Dice que se trazó una hoja de ruta diseñada tras los comicios autonómicos de 2015 que recogía el papel que debían jugar los acusados a través de un plan que incluía la convocatoria de la consulta ilegal del pasado 1 de octubre.
Recuerda que ignoraron los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en torno a esta cuestión -ya que un mes antes suspendió de urgencia la ley de convocatoria del referéndum- y que la actividad parlamentaria fue encaminada a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del 'procés'.
PAPEL "ESENCIAL" DE LOS MOSSOS
Lamela también otorga un rol protagonista en este proceso a determinados miembros del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y del Consejo de Diplomacia de Cataluña (Diplocat) y califica de "esencial" el papel de los Mossos d'Esquadra en el mismo.
"Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos", reza la magistrada que concluye que se ha producido una utilización ilegal de este cuerpo de la policía autonómica al servicio de los intereses secesionistas no solo en los actos relacionados con la celebración del referéndum sino en el espionaje que se puso en marcha a miembros de la Policía y Guardia Civil con motivo del mismo.
DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS
La juez de la Audiencia Nacional recuerda (como ya hizo en los autos en los que envió a prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros) que las actividades que impulsó el Govern de cara a la consulta del 1-O fueron, al menos parcialmente, financiadas con fondos públicos.
Explica que, aunque la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, eso no implica que no se haya sufragado el referéndum con dinero público que en principio no estaba destinado a estos fines y al respecto recuerda que la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener dichos medios con que poder celebrar el referéndum.
Del mismo modo la juez detalla la articulación de planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro y fuera de Cataluña, así como la asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para apoyar la celebración del referéndum y para comenzar a desarrollar proyectos para la nueva República independiente.
