- Habían sido notificados de la suspensión del juez, pero han decidido dar la conferencia igualmente
El cerco policial y judicial sobe el 1-O se estrecha. Después de que efectivos policiales hayan registrado imprentas y medios de comunicación en los últimos días, en busca de materiales impresos del referéndum y de que la Fiscalía haya aumentado la presión sobre más de 700 alcaldes catalanes para impedir el referéndum ilegal, la Policía ha irrumpido en un acto en defensa del referéndum de la diputada de la CUP, Anna Gabriel, en Vitoria.
Según informa 'El Periódico', efectivos de la Policía local han interrumpido la conferencia para notificar que el acto había sido suspendido por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la capital alavesa. La Delegación del Gobierno de Vitoria había solicitado que se cancelara dicho acto al considerarlo "ilegal".
Los organizadores de la conferencia y la misma Gabriel habían sido notificados minutos antes de dar comienzo la conferencia de que había sido suspendida por decisión judicial, no obstante han decidido impartirla igualmente desacatando la decisión del juez. Gabriel ha criticado la decisión del Estado y ha señalado que amenaza la libertad de expresión y el derecho a la reunión.
En un apunte en Twitter, la CUP recoge el momento en que se ha suspendido el acto y la reacción de los asistentes.
ATENCIÓ! La policia municipal suspèn l'acte. Les assistents reaccionen amb crits d'independència #SENSEPOR pic.twitter.com/9iI19D23F0
— CUP #referèndumCAT (@cupnacional) 15 de setembre de 2017
La notificación había llegado ayer por la tarde al Juzgado de Guardia de Vitoria, a la Fiscalía y al Ayuntamiento la presunta ilegalidad de esta convocatoria, dado que en ella se apoyaría el referéndum de Cataluña del 1 de octubre, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
OFENSIVA JUDICIAL
En los últimos días, la ofensiva judicial ha dado paso a los movimientos políticos, después de que el Tribunal Constitucional (TC), haya suspendido las leyes del referéndum y de fundación de la República Catalana y la convocatoria del mismo. La Fiscalía ha emprendido también acciones, querellándose contra el Govern y el Parlament. El Ministerio público también ha ordenado a los cuerpos de seguridad del Estado, incluidos los Mossos d'Esquadra, que persigan la logística del referéndum e impidan la colocación de urnas. Las actuaciones policiales se han centrado en imprentas y medios de comunicación.
El cerco judicial se ha centrado también en los más de 700 alcaldes catalanes que han firmado decretos de apoyo al referéndum en respuesta al requerimiento de la Generalitat de cesión de locales el próximo 1 de octubre. Han sido citados a declarar y los Mossos tienen órdenes de detenerlos si se niegan a comparecer. Finalmente, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha declarado que también investigará a Ada Colau, tras el acuerdo que ha alcanzado con la Generalitat para ceder locales el 1-O, desoyendo las advertencias del secretario municipal del consistorio barcelonés sobre la inconstitucionalidad de la consulta.
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