• También han registrado la oficina de Terrassa de la empresa de mensajería
  • Tras cerca de cuatro horas de registro, los efectivos policiales han abandonado la sede de Hospitalet
  • Los materiales incautados estaban en las oficinas de Terrassa
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Agentes, Guardia Civil, sucesos, Benemérita, recursoEUROPA PRESS / GUARDIA CIVIL

El cerco judicial y policial a los preparativos del referéndum independentitsta del 1 de octubre se estrecha. Después de haber investigado imprentas y medios de comunicación y de haberse incautado un millón y medio de carteles, folletos y panfletos de propaganda, la Guardia Civil se ha personado en la sede de la empresa Unipost, en Hospitalet del Llobregat en busca de materiales sobre la votación a punto para ser enviados. Durante otro registro de las oficinas en Terrassa, ha dado con los materiales del censo y composición de las mesas.

En total, agentes del instituto armado han intervenido a lo largo de este martes en diferentes sedes de la empresa de correos más de 45.000 certificados de notificación cerrados, dispuestos por ciudades y poblaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para su remisión a ciudadanos en el proceso de montaje del referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional.

El número de certificados de notificación incautados podría suponer el 80 por ciento de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales, según ha informado el Ministerio del Interior. A lo largo del día se han producido diferentes inspecciones en sedes de la empresa Unipost en Manresa, l'Hospitalet de Llobregat y Barcelona y una entrada y registro ordenada por el Juzgado Número 3 de Terrassa, en funciones de guardia, en las instalaciones de esta empresa en dicha localidad.

LOS HECHOS

Informa 'Rac1' que fuentes de la compañía han explicado que agentes del instituto armado se han presentado en la oficina de esta empresa privada de correos el Hospitalet hacia las 05:00 de la madrugada. Según han explicado, el objetivo podría ser localizar las tarjetas censales o impresos relacionados con el censo de la votación del 1-O.

Unos 10 agentes han registrado la nave de la empresa de mensajería, mientras otros cinco efectivos han permanecido en las puertas delanteras y traseras de Unipost. Aproximadamente, cuatro horas después, los agentes de la Guardia Civil han abandonado las oficinas del Hospitalet del Llobregat, al parecer, de vacío.

Además de este registro, la Guardia Civil también ha efectuado otro en las oficinas de Unipost en Terrassa. Según explica 'El País', fuentes del instituto armado han confirmado que se han incautado de tarjetas de comunicación de inscripción en el censo y de las notificaciones para presidentes o vocales de las mesas electorales. El plazo para comunicar estas circunstancias concluyó el viernes pasado.

Un trabajador ha explicado, en declaraciones a Rac1, que "al menos diez furgonetas y agentes armados con metralletas se han personado en el almacén de la empresa de correos en Terrassa y han inspeccionado un palé".

Unipost da servicio de mensajería privado y podría ser la alternativa a Correos que habría elegido la Generalitat para hacer llegar toda la información a los ciudadanos relativa al 1 de octubre.

UNIPOST, EN LA LISTA DE MOROSOS DE HACIENDA

El operador postal Unipost, donde la Guardia Civil ha encontrado material para el referéndum de independencia del 1 de octubre suspendido por el TC, está en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 5,4 millones de euros por lo que no puede contratar de manera directa con las Administraciones Públicas. Esta empresa entró el pasado mes de julio en concurso de acreedores con una deuda de 50 millones de euros.

La citada sociedad pertenece a una rama de la familia Raventós y ya fue requerida por la Fiscalía Superior de Cataluña en 2014 en el marco de la investigación sobre los preparativos de la consulta del 9 de noviembre, por la que después resultó inhabilitado el expresidente de la Generalitat, Artur Mas.

En aquel entonces, la Fiscalía ya requirió a Unipost que enviara la hoja de encargo, contrato y documentos que obraran en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de propaganda del 9-N, así como que explicaran qué persona o entidad suministró a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.

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