• Junts per Catalunya y ERC tratan de conquistar a los 'cupaires' con una propuesta que camina hacia la república
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Jordi Sánchez acude a declarar a la Audiencia NacionalEUROPA PRESS

Cataluña va camino de chocar dos veces con la misma piedra. Más que piedra, es una roca de proporciones gigantescas, y no es otra que una nueva investidura imposible. Después de que el expresident catalán diera su brazo a torcer y aceptara quedarse como una figura política virtual, cediendo el puesto de president de la Generalitat a otro, la propuesta del número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, como candidato lleva a Cataluña, de nuevo, al mismo callejón sin salida. Y condena a sus instituciones a perpetuar la parálisis en la que llevan sumidas casi cuatro meses.

Nadie apuesta porque Sànchez salga elegido en el pleno programado para el 12 de marzo por el president del Parlament, Roger Torrent. De hecho, entre los diputados se tiene casi la certeza de que será imposible celebrar la sesión en la cámara catalana. Y, de llevarse a cabo, la aritmética parlamentaria impide que en primera vuelta el expresidente de la ANC, encarcelado en Soto del Real desde el 16 noviembre, obtenga los 68 votos necesarios que marca el reglamento. Los números no dan la mayoría absoluta que exige la primera vuelta.

La más que segura abstención de la CUP y la ausencia del exconseller y diputado Toni Comín y de Carles Puigdemont, ambos en Bruselas, arroja el resultado de 64 votos a favor. Esto suponiendo, claro está, que Oriol Junqeras, encarcelado en la prisión de Estremera desde el 2 de noviembre, y el mismo Sànchez puedan delegar su voto. O que este último obtenga el permiso extraordinario solicitado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para asistir a su propia investidura.

Llarena puede tomar su decisión el lunes o el martes 13 de marzo

PRIMER OBSTÁCULO: LLARENA

“Hay que ver qué dice el magistrado, pero todo parece indicar que no autorizará la salida de prisión de Sánchez”, comenta el diputado del PSC, Raúl Moreno. Por lo tanto, “el pleno no podrá celebrarse”, concluye. Antes de conocer la resolución del Supremo, el Tribunal Constitucional ha rechazado su excarcelación mientras estudia el recurso de amparo que éste ha presentado contra la medida cautelar que dictó la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -y que ratificó Llarena-.

Pero es el Supremo quien tiene la sartén por el mango. Ha dado cinco días a las partes para presentar alegaciones, un plazo que concluye exactamente cuando se pretende celebrar la primera vuelta de la votación de Sànchez, pero Llarena puede tomar su decisión a lo largo de esa jornada o el martes 13 de marzo. Y no habrá más remedio que volver a aplazar el pleno, explica el parlamentario socialista, como ya ocurrió con la investidura de Puigdemont, que quedó en suspenso el 30 de enero después de que el TC dictara que no podía celebrarse a no ser que el candidato estuviera en el pleno y con autorización judicial.

Por su parte, la defensa del diputado independentista ha presentado un escrito en el Supremo para pedir que se pronuncie antes del viernes estrictamente sobre la posibilidad de que sea puesto en libertad para acudir al pleno del y, si no se pronuncia o su decisión es negativa, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Hay un resquicio de esperanza para Sánchez, el caso del Juan Karlos Yoldi, parlamentario de Herri Batasuna a quien la justicia permitió acudir en el Parlamento vasco como candidato a lehendakari de la izquierda abertzale. "Desautorizar el criterio aplicado en el único precedente español de 1987 supondría, con todo el respeto, una triste involución en materia de respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, además de un grave perjuicio para la democracia y el pluralismo político", remarca el procurador en el escrito en referencia.

Pero Llarena no se plegará a las prisas de la cámara catalana, un hecho del que, a juicio de Moreno, “son conscientes los grupos que proponen a Sánchez como president”. Justifica su opinión el miembro del PSC porque “si hubiera visos de que la votación se llevar a cabo, lo normal sería que la presión la tuvieran Puigdemont y Comín”. “Sólo si dejan sus escaños puede ser investido con la abstención de la CUP”, redondea.

SEGUNDO OBSTÁCULO: LA CUP

“Si hubiera visos de que la votación se llevar a cabo, lo normal sería que la presión la tuvieran Puigdemont y Comín”

Pero esto no ocurrirá hasta la segunda vuelta. Y es que, bajo el supuesto de que el Supremo otorgue el permiso solicitado, el candidato de Junts per Catalunya y ERC se lo juega todo en esta nueva votación que se celebrará dos días después, es decir, el 14 de marzo, en la que debe obtener más votos positivos que negativos. Si en esa fecha la CUP se mantiene en sus trece y tanto el expresident como el exconseller de cultura no renuncian a sus actas de diputados, el resultado sigue siendo 64 votos, uno menos que en el bloque de no, que sumará 65.

Las miradas y la presión, una vez más están en los cuatro parlamentarios ‘cupaires’. Para conquistar a los anticapitalistas, Junts per Catalunya y ERC han presentado al portavoz de su grupo parlamentario, Carles Riera, un acuerdo que plantea impulsar un proceso constituyente que sirva para "conformar las bases de una propuesta de Constitución de la República de Catalunya".

Entre otras cosas, el texto de 46 páginas plantea celebrar una "multiconsulta con todas las garantías para que participen la mayoría de catalanes" y se expresen sobre todos los debates realizados en el proceso constituyente. También incluye el impulso de una estructura política en Bélgica liderada por Carles Puigdemont con tres órganos: la Asamblea de Representantes para la República; el Consejo para la República, y la presidencia del Consejo de la República.

En definitiva, los 'criterios esenciales de la legislatura' que se plantean son: "construcción de la República"; restitución de las instituciones catalanas; construir la estructura política de Bélgica; dinamizar la actividad del Parlament, y defender los derechos civiles, que aseguran que están amenazados por el Estado.

Falta saber si el acuerdo, una vez pasado por el tamiz de la CUP, estará lo suficientemente alejado del ‘autonomismo’. En las últimas declaraciones de Riera, hechas mediante un apunte en Twitter, este constató que los ‘cupaires’ sólo apoyarán al candidato de los antiguos socios de Govern si se “obedece el mandato del 1-O, se lleva a cabo el proceso constituyente y se impulsan políticas de justicia social”. Insinuó en el mismo tuit que las otras dos fuerzas soberanistas se podían ahorrar la propuesta su era para “hablar de autonomía”.

Ahora, la CUP activará su mecanismo interno de decisión y volverá a someterlo a sus bases, que ya declinaron investir a Sànchez la semana pasada. Para el politólogo Jordi Pacheco i Canals, hay opciones de que la fuerza independentista adopte la fórmula ya empleada en otras ocasiones del “sí crítico”. Es decir, que mientras uno o dos parlamentarios votan a favor del candidato soberanista, el resto se mantenga en la abstención.

OTROS ESCENARIOS: NUEVAS ELECCIONES

No obstante, el también decano del Col·legi de Politòlegs i Sociales de Catalunya (Colpis), se inclina porque Llarena rechace la petición de permiso de la defensa del expresamente de la ANC. De ser así, ERC y Junts per Catalunya no tendrán más remedio que buscar un nuevo candidato, pero se agotan los nombres. Ante la imposibilidad de que el siguiente de la lista sea Oriol Junqueras -que también permanece en prisión preventiva-, el exconseller de la presidencia, Jordi Turull, podría ser el próximo candidato.

“Habrá nuevas elecciones con toda probabilidad”

Pero el politólogo cree que “habrá nuevas elecciones con toda probabilidad”. Descartados Puigdemont, Sànchez y Junqueras, cualquier otro candidato “se sale del relato de los anticapitalistas por el que su objetivo es tirar adelante la república porque, bajo su punto de vista es “volver al orden constitucional”.

Hay un último desenlace: que Sànchez finalmente logre tomar posesión del cargo de president de la Generalitat. Pero Pacheco i Canals insiste en que el final del camino son igualmente nuevas elecciones por la más que segura inhabilitación de los aproximadamente 30 cargos electos y diputados que están siendo investigados, entre los que se constituirá el futuro Govern.

Pero en esto, el magistrado del Supremo también cree que la prisa es mala consejera, por lo que a inicios de marzo declaró la complejidad de la investigación, lo que permitirá ampliar las pesquisas hasta 18 meses frente al plazo ordinario de medio año que expiraba próximamente. El juicio podría llegar a celebrarse en el plazo de dos años.

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