BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)
El ministro 'junior' británico del Departamento del Brexit, Robin Walker, ha defendido que los derechos de los ciudadanos de Gibraltar deben incluirse en las discusiones sobre las garantías de los derechos de los ciudadanos europeos que viven en la UE y Reino Unido, al igual que en el caso de los europeos que viven y trabajan al otro lado de la Verja.
"Esto es parte de esas discusiones tempranas y la UE ha reconocido que incluye los derechos de los ciudadanos de Gibraltar y claro las garantías de los ciudadanos de la UE que viven, trabajan en Gibraltar. Es importante que demos esta seguridad y garantías para todas estas personas", ha defendido el ministro británico en un encuentro con varios medios, entre ellos Europa Press.
El ministro británico ha defendido que las directrices de los Veintisiete --que excluyen a Gibraltar de las negociaciones de salida de Reino Unido y dejan claro que tras el Brexit ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido se aplicará a Gibraltar sin el acuerdo previo entre España y Reino Unido-- tienen "dos puntos separados, uno en torno al acuerdo de retirada y otro en torno al acuerdo de la relación futura".
"Las directrices aceptan que Gibraltar será objeto de un acuerdo sobre la retirada. Desde luego es algo que en la primera ronda de discusiones fue algo que fijamos en nuestra posición, que Gibraltar será objeto de un acuerdo de retirada y esto lo acordó la parte negociadora de la UE", ha dicho.
Walker ha dejado claro que "respecto a la relación futura, estaría en el interés de ambos lados y en particular en el interés de la economía en el sur de España y de Andalucía de alcanzar una relación de trabajo que permita a los trabajadores fronterizos que continúen beneficiándose de la capacidad de cruzar esta frontera", "un área en el que Reino Unido tiene responsabilidad de negociar en nombre de Gibraltar". "Nos tomamos muy en serio esta responsabilidad", ha dicho.
El ministro británico ha admitido las "diferencias con España por las cuestiones de soberanía" en torno al Peñón "durante un largo periodo de tiempo" y ha insistido en la posición del Gobierno británico de que no habrá "ninguna discusión sobre la soberanía sin la aportación de los gibraltareños, como siempre".
"Respecto a la relación futura, reconocemos la posición del Consejo que ha asumido en las directrices sobre esto, pero nos gustaría encontrar una manera de alcanzar un acuerdo que funciona, en el interés mutuo", ha remachado. "Queremos soluciones que funcionan", tanto respecto de los derechos de los ciudadanos, como respecto al acuerdo sobre la retirada, ha recalcado.
El Gobierno británico planteó en su propuesta de este lunes sobre las garantías de los ciudadanos a ambos lados tras el Brexit que "los acuerdos recíprocos" que se alcancen en este terreno "se aplicarán al conjunto de Reino Unido, que abarca Escocia, Gales, Irlanda del Norte y todas las partes de Inglaterra, y Gibraltar".
"La cuestión de Gibraltar está cubierta por el mandato de negociación que se nos ha dado. La Comisión se mantiene en el mandato de negociación que ha recibido de los 27 Estados miembros", ha señalado en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, al ser preguntado por esta cuestión.
Walker ha defendido que la propuesta sobre los derechos ciudadanos "es una oferta justa o seria" a pesar de que el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, avisó de que "más ambición, claridad y garantías son necesarias" tras conocerla.
El Gobierno británico autorizará a los ciudadanos de la UE que hayan residido en Reino Unido durante cinco años de forma consecutiva antes de una fecha de corte todavía por especificar -que estará entre la fecha de notificación del divorcio el 29 de marzo de 2017 y su fecha de salida de la UE_a pedir el estatus de residencia permanente y acceder a las mismas prestaciones que los británicos y, si no han alcanzado los cinco años hasta el Brexit, podrán pedir un estatus "temporal" hasta acumular los cinco años para pedir la residencia permanente. Londres da además un periodo de gracia de dos años tras el Brexit para regularizar la situación.
Eso sí perderían el derecho de residencia si se trasladan "durante más de dos años" fuera de Reino Unido, ha recordado Walker.
En cambio, los que hayan llegado después de la fecha de corte podrán quedarse durante "al menos un periodo temporal" y podrían cualificar para la residencia permanente "dependiendo de sus circunstancias". "Pero este grupo no debe tener ninguna expectativa de un estatus de residencia permanente garantizada", avisa en su propuesta.
FECHA DE CORTE, A DISCUTIR
Respecto a la fecha de corte, Walker ha recordado que "algunos" en Reino Unido defendían adelantarla al 23 de junio de 2016, fecha del referéndum, y ha asegurado que será objeto de "discusiones" con la UE, insistiendo en el principio de "la reciprocidad" para los británicos que viven en el resto de países de la UE. No obstante, ha argumentado que la fecha de la notificación "es la fecha en que la gente razonablemente puede entender que Reino Unido se irá de la UE".
Preguntado si con ello busca cortar el 'efecto llamada' de ciudadanos europeos, Walker ha admitido que "nadie quiere ver un cambio repentino en el número de solicitudes" aunque "no es algo que domina el pensamiento" y ha incidido en un enfoque "racional", insistiendo en que Reino Unido es un país "abierto y tolerante".
Eso sí, aunque el Gobierno británico ha dicho que "ninguna familia será dividida", se endurecen las condiciones para el reagrupamiento familiar después del Brexit dado que se aplicarán las mismas condiciones que se aplican a los británicos para traerse a familiares de terceros países y no se descarta exigir "un nivel mínimo" de ingresos. "Todo el mundo será tratado sobre la misma base", ha dicho Walker.
NO A LA JURISDICCIÓN EUROPEA TRAS BREXIT
Walker ha dejado claro que Reino Unido no aceptará la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia (TUE) tras el Brexit, un punto de divergencia con la UE. "Tenemos toda la intención de respetar y proteger los derechos de los ciudadanos de la UE", ha asegurado, insistiendo en que Reino Unido cuenta con "un sistema judicial independiente fuerte" en el que se puede "confiar" para hacer cumplir los "derechos acordados".
Además, ha recalcado que si se logra un acuerdo "como parte de un acuerdo de retirada, estará sujeto al Derecho Internacional también". "Habrá una doble protección", ha dicho.
"Incluso en el escenario donde no logremos un acuerdo estaría en el interés de Reino Unido dar garantías a estas personas", pero sobre la base de "la reciprocidad", ha zanjado, al ser preguntado si en caso de no acuerdo seguirán protegiendo los derechos de los europeos.
"Queremos discutir en profundidad este documento en la próxima ronda de negociaciones", ha dicho, asegurando que "hay un amplio acuerdo" entre ambas partes sobre la necesidad de garantizar "la reciprocidad" y "la igualdad de trato" entre europeos y "que deben incluir los derechos de cuestiones como la sanidad, pensiones, prestaciones y educación". Y ha admitido que el mayor punto de fricción es la jurisdicción competente. "Claramente va a tener que haber una discusión y una negociación sobre esta cuestión de la jurisdicción", ha dicho.