- ...'En el terreno teórico, este efecto es incuestionable'
Podemos, que irrumpió en el panorama político con la propuesta de la “renta básica universal”, un salario público a cada ciudadano por el hecho de serlo que hubiera costado la friolera de 257.000 millones de euros, ha moderado la iniciativa que ahora se reduciría a un salario para todas las familias que no perciben ingreso alguno y para los jóvenes que no consiguen incorporarse al mercado laboral.
Podemos no ha abandonado del todo la idea primigenia y esgrime una encuesta realizada en Barcelona basada en la propuesta de un ingreso de 650 euros mensuales que recibiría toda la población como derecho de ciudadanía.
Esta nueva versión costaría ‘sólo’ 35.000 millones, tres puntos y medio de producto interior bruto, casi el doble de lo que actualmente aplica el Estado al seguro de desempleo.
Pero al parecer, Podemos no ha abandonado del todo la idea primigenia y esgrime una encuesta realizada en Barcelona basada en la propuesta de un ingreso de 650 euros mensuales que recibiría toda la población como derecho de ciudadanía, que sería financiada mediante una reforma fiscal que supondría una redistribución de la renta del 20% de la gente más rica al resto de la población. El 72,3% de los 1.600 encuestados estaría de acuerdo con este “salario para todos”.
El resultado es sospechoso y pone en cuestión la propia encuesta, que, de no estar bien formulada –ofreciendo opciones alternativas creíbles-, arrojaría resultados delirantes (hay que traer a colación el ejemplo académico de aquella encuesta en que se preguntara sin matices a los miembros de la muestra si quieren o no pagar impuestos: el ‘no’ alcanzaría elevadísimas cotas, casi el ciento por ciento, pero se reduciría muchísimo si se explicara en la pregunta lo que representaría un Estado en que nadie pagara impuestos).
LOS EFECTOS EN EL DESEMPLEO...
Sea como sea, los economistas advierten de que una prestación de esta naturaleza, que no tiene analogías en nuestro ámbito económico, produciría una fuerte desincentivación del empleo y, por consiguiente, un crecimiento estructural del desempleo, independiente de la demanda, de la coyuntura.
En el terreno teórico, este efecto es incuestionable. Aunque Podemos lo niegue porque, según la encuesta mencionada, un 86,2% de las personas encuestadas dice que seguiría trabajando como hasta ahora, en tanto dejaría de trabajar el 2,9%. Entre los parados, un 84,4% “seguiría buscando trabajo como hasta ahora” y sólo un 2,2% de ellos dejaría de buscar. Son datos muy optimistas, difíciles de creer pero en todo caso reveladores de una tendencia negativa… que además no encuentra justificación: no hay razón moral ni política para proponer que el trabajador autosuficiente, con un empleo o en condiciones de encontrarlo, reciba un subsidio del Estado. Dicha tendencia, unida al elevado coste de la medida, tendría en todo caso un efecto demoledor sobre la productividad del país.
Sí hay una razón ética y social que obliga a que nadie descienda por debajo de determinado umbral de renta –la célebre red inferior de Friedman-. Y en este sentido va la propuesta socialista, racional y mucho más modesta, de unificar en el ámbito estatal el llamado salario social, hoy de rango autonómico, que perciben quienes no tienen otros ingresos. Este “ingreso mínimo vital” para familias sin recursos sería de entre 426 y 708 euros y representaría unos 6.500 millones, aunque en el año de implantación alcanzaría sólo 2.500 millones.
Antonio Papell
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