Exteriores considera la estabilidad del Magreb como "prioritaria" para España con especial mención a Libia por el deterioro de la seguridad

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El presupuesto que el Gobierno tendrá el año que viene para política exterior subirá un 1,8 por ciento con respecto a este año (52,01 millones más) y se situará en los 1.474,44 millones de euros, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este martes en el Congreso de los Diputados.

Se trata, por tanto, del segundo año consecutivo de subida en las cuentas públicas para política exterior, después de que el año pasado experimentara un incremento del 1,8 por ciento, ya que en 2014 había sufrido un importante recorte de 100 millones de euros.

La responsabilidad de la política exterior del Estado corresponde a todo el Gobierno, si bien es el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el que lidera el grueso de la misma. El departamento que dirige José Manuel García-Margallo verá este año aumentada su dotación en un 10 por ciento, hasta los 1.131,62 millones de euros.

El presupuesto para política exterior en 2016 se distribuirá de la siguiente manera: habrá 733,04 millones de euros (57 millones más que este año) para Acción del Estado en el Exterior, es decir, para proteger los intereses de España en el exterior, trabajar por la paz y seguridad mundiales y contribuir a la proyección internacional de las empresas españolas.

Dentro de esta Acción del Estado en el Exterior se añaden en los presupuestos de este año otros 21,25 millones de euros que se destinarán a la acción diplomática ante las instituciones de la Unión Europea (UE). Además, España mantiene representación permanente en el exterior a través de 118 embajadas.

POLÍTICA DE COOPERACIÓN

Mientras tanto, la política de cooperación al desarrollo, en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, contará con tres instrumentos presupuestarios: la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dotada con un presupuesto de 252,75 millones de euros, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), con 375 millones, y el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), con 29 millones.

Estas tres cifras, que dan un total de 656,75 millones de euros, apenas experimentan cambios con respecto al presupuesto de este año. De hecho, la dotación para la AECID desciende en dos millones de euros, mientras que la del FONPRODE se queda igual y la del FCAS sube en un millón.

Por otra parte, para la política de cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior, que gestiona en su mayor parte el Instituto Cervantes, habrá un presupuesto de 128,01 millones de euros, siete millones menos que la dotación prevista para este año.

MAGREB, ZONA PRIORITARIA PARA ESPAÑA

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado fija los objetivos estratégicos de la política exterior española por países y regiones. En lo que respecta al Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo, establece que "la estabilidad política, social y de seguridad de los países del Magreb es de interés prioritario para España".

Por eso, el Gobierno se compromete a "participar activamente en los esfuerzos para lograr una mayor estabilidad y desarrollo en el Mediterráneo y en el Norte de África". "Esta es una zona prioritaria para España, con la que mantiene múltiples relaciones y en la que nuestro país puede desempeñar un papel importante para promover un mejor clima de entendimiento entre los distintos actores, así como el fortalecimiento de las instituciones y el crecimiento económico", explica.

El Ejecutivo hace especial mención a Libia, donde "el deterioro progresivo de la seguridad, con implicaciones internas, regionales e internacionales, y las dificultades para la construcción y puesta en marcha de un modelo político democrático están exigiendo un compromiso de la comunidad internacional con la estabilización del país en el que España está participando".

En cuanto a Gibraltar, la política exterior española mantiene como uno de sus objetivos "lograr el apoyo al derecho de España a la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar, en el marco de la doctrina establecida por Naciones Unidas".

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