• Ya la semana pasada, la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, aseguró también que los dos ordenadores de Bárcenas no contenían ningún dato
  • Bárcenas explicó que los discos duros guardaban recibís de pagos irregulares a distintos miembros del partido
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El PP se ha negado a responder a las preguntas del fiscal y las acusaciones sobre el borrado de los discos duros de Bárcenas este viernes, cuando acudía a declarar como imputado en el caso. Alberto Durán, la persona que ha asumido la representación del partido, ha leído un escrito donde se aseguraba que el partido no destruyó pruebas.

Tal y como informa El País, el asesor jurídico del PP ha comparecido por el borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. El abogado, también imputado a título personal, ha admitido que él dio la orden para eliminar el contenido de las computadoras.

Durán dio la orden de borrar los discos duros siguiendo el protocolo que supuestamente tenía el partido, tal y como ya aseguró la actual tesorera del PP, Carmen Navarro.

Alberto Durán ha sido el representante del partido y ha admitido que él dio la orden para eliminar los contenidos

Con la sesión de este viernes, el juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha continuado la investigación sobre este caso. Ya la semana pasada, la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, aseguró también que los dos ordenadores de Bárcenas no contenían ningún dato cuando el partido procedió al borrado de los ordenadores.

No obstante, la versión del partido no coincide con la de Bárcenas que explicó que los discos duros guardaban recibís de pagos irregulares a distintos miembros del partido. La juez, por su parte, ha sacado de la investigación a Javier Barrero, exresponsable de informática del partido ya que, en su opinión, carecía de responsabilidad en este departamento entre abril y julio de 2013, cuando se produjo el borrado.

En fase anteriores del proceso, el PP ya aseguró que había destruido los discos duros para garantizar la confidencialidad de los datos que almacenaban debido a su "alto nivel de criticidad", detallan desde El País. La Audiencia Provincial de Madrid se vio obligada a reabrir esta causa después de que otro juzgado de instrucción decidiera archivarla en octubre de 2013 "sin practicar diligencia de investigación alguna".

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