El Gobierno podrá imponer sanciones que irán desde los 30.000 euros hasta los 600.000 a los medios de comunicación social por “resistencia, negativa u obstrucción a colaborar con las autoridades competentes en la difusión de órdenes, instrucciones e informaciones en situaciones declaradas de emergencia de interés nacional”.
Según fuentes ministeriales, se calificará como “muy grave” la negativa de la prensa a difundir sus “órdenes, instrucciones e informaciones” en caso de catástrofes que “afecten a varias comunidades y exijan la aportación de recursos supraautonómicos” y también cuando “por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional”.
Según El País, esta sanción se incluye en el anteproyecto de ley del sistema nacional de Protección Civil, que se ha aprobado en el Consejo de Ministros y que sustituye a la normativa vigente desde 1985.
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Un portavoz de Interior ha afirmado que las multas están pensadas para los medios de comunicación que se nieguen a publicitar “avisos a la población para preservar su integridad y su seguridad en situaciones excepcionales, ya sean casos de alerta nuclear, tsunamis o episodios similares. Hablamos de casos muy excepcionales, en los que hay riesgo para la población y es necesario lanzar estos avisos”.
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También esta norma establece sanciones de entre 1.500 y 30.000 euros para quienes entorpezcan o incumplan las órdenes de las autoridades en situaciones de emergencia o “por la no realización de simulacros por parte de aquellos organismos que estén obligados”, entre otras conductas.