El Gobierno responde a Abel Caballero que los ayuntamientos seguirán prestando servicios sociales a partir de enero

El traspaso de competencias sobre servicios sociales recogido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como reforma local, está supeditado a la creación de un nuevo sistema de financiación autonómica y local y, hasta que no se negocie este nuevo modelo, serán los ayuntamientos los encargados de prestar dichos servicios, han reiterado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Así ha respondido el Ministerio de Cristóbal Montoro a las últimas declaraciones del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, quien ha pedido al Gobierno que dé "garantías totales" y busque un "mecanismo legal" para paralizar la entrada en vigor de la reforma local. Caballero sostiene que no es suficiente con la carta del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, --en la que su trasladó intención de dejar sin efecto la norma hasta negociar una nueva financiación--.

Desde el Ejecutivo han insistido este miércoles en que no es necesario dar ningún paso más para aplazar la entrada en vigor de las modificaciones en materia de financiación recogidas en la norma ya que esa parte de la ley queda en suspenso hasta que de adecue el nuevo marco de financiación.

La reforma local, que fue aprobada por el PP en esta legislatura con la oposición del resto de los grupos parlamentarios, persigue reordenar competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y las locales. Aunque entró en vigor a finales de 2013, parte de las modificaciones en materia de financiación debían hacerlo el próximo 1 de enero de 2016. Sin embargo, finalmente no lo harán hasta que se apruebe un nuevo sistema para el ámbito autonómico y local.

Hasta entonces, las entidades locales deberán continuar prestando las competencias en atención primaria, servicios sociales y educación con las que actualmente cuentan, según han señalado las mismas fuentes a Europa Press.

Así, la reforma local estará implantada totalmente después de que se apruebe el nuevo modelo de financiación. A partir de ese momento, las comunidades autónomas deberán asumir en un plazo de cinco años los servicios en materia de salud que ahora prestan los ayuntamientos y, en un máximo de dos, los servicios sociales. Si no quieren asumirlos, pueden dejar que sigan prestándolos los ayuntamientos, pero para ello tienen que firmar un convenio con ellos y pagarles el coste de ese servicio.

CABALLERO PIDE "GARANTÍAS TOTALES" DE QUE SE PARALIZA

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Caballero pidió "garantías totales" al Ejecutivo para que asegure "al 100% que la ley no entre en vigor", insistiendo en el "caos" que se producirá en las administraciones locales a principios de año porque, según añadió, no recibirán financiación para prestar los servicios sociales.

Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda insisten en que a partir del día 1 de enero los consistorios seguirán recibiendo la financiación para ofrecer los servicios sociales a los ciudadanos y el vicepresidente de la FEMP, Iñigo de la Serna, subrayó que el riesgo en atención social a partir de esa fecha será "cero" y achacó las exigencias de Caballero a la "campaña del PSOE" contra la reforma local.